Sistema de Justicia Juvenil

Cuando una persona menor de edad comete cualquier conducta prohibida por las leyes de Puerto Rico se considera una falta. Algunas de estas leyes son el Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Armas, la Ley de Sustancias Controladas o la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Si esta conducta la comete una persona adulta, se considera un delito.

No. Aunque los procesos sean similares al proceso judicial de una persona adulta, todos los procedimientos en la Sala de Menores del Tribunal de Primera Instancia, y las órdenes o resoluciones que emitan los jueces y las juezas, son de naturaleza civil sui generis, lo que significa que es un proceso singular y excepcional. Por ello, no se considera un proceso de naturaleza criminal y tampoco se considerará a la persona menor de edad como una persona convicta. En cambio, de encontrar que la persona menor de edad realizó una conducta delictiva, se le consideraría responsable de cometer una falta y a la vez se promovería la rehabilitación de la persona menor de edad.

En Puerto Rico, cada región judicial cuenta con una Sala de Asuntos de Menores.

La jurisdicción se refiere al poder o la facultad que tiene el Tribunal para atender un asunto y emitir una decisión, que se deberá cumplir. En el caso de los asuntos en los que se alegue que una persona mayor de 13 años y menor de 18 años cometió una falta, la Sala de Menores del Tribunal de Primera Instancia tiene la facultad para intervenir. A eso se refiere la expresión “el Tribunal tiene jurisdicción para atender el caso”. Lo determinante para saber si la Sala de Menores tiene jurisdicción o no, es la edad de la persona menor de edad al momento en que ocurrieron los hechos de la falta que se alega cometió.

Sin embargo, existen algunas excepciones en las que la Sala de Menores no tiene jurisdicción para intervenir. Si ocurren esas circunstancias, los casos se tramitan como si la persona menor de edad fuera adulta. A continuación, algunos ejemplos en los que la Sala del Menores no tiene jurisdicción:

• cuando se le impute a una persona de 15 años de edad o más la comisión de un asesinato en primer grado
• cuando la persona menor de edad haya sido previamente juzgada y condenada como adulta

Toda persona que no ha cumplido los 13 años y se crea que ha cometido una conducta que podría constituir una falta, se considerará inimputable. Esto quiere decir que la persona no tenía la capacidad para entender la ilegalidad o criminalidad de sus actos. En estos casos, en lugar de iniciar un proceso judicial, el procurador o la procuradora de menores deberá referir a la persona menor de edad, su padre, madre o personas encargadas al Departamento de la Familia para la correspondiente evaluación y, de ser necesario, se le ofrezcan los servicios o la capacitación que redunde en el mejor interés de la persona menor de edad.

En estos casos, la Sala de Asuntos de Menores no tiene jurisdicción para atender el asunto.

En los casos en los que se crea que una persona mayor de 13 años y menor de 18 años cometió una falta y estos hechos sucedieron en una escuela, ya sea pública o privada, el Tribunal no podrá ejercer su jurisdicción hasta tanto se agoten todos los remedios o procedimientos administrativos que tenga disponible la institución educativa. La falta se puede haber cometido en el plantel escolar, ya sea en las inmediaciones o los alrededores de la escuela, en la trasportación escolar o en cualquier actividad escolar, deportiva, con fin recreativo, cultural o académico. Luego que se realizan los procedimientos administrativos, si fuera necesario, el Tribunal podrá atender el caso. No obstante, se puede considerar la mediación o el desvío como métodos alternos para resolver la controversia.

Cuando una persona menor de edad comete una falta, un juez o una jueza puede imponerle una medida dispositiva como consecuencia de sus acciones. La medida dispositiva se refiere al tiempo que se tiene para rehabilitar a la persona menor de edad y las formas de lograrlo. La imposición de la medida dispositiva tiene como propósito que la persona menor de edad se responsabilice por su conducta contraria a la ley. La severidad de las medidas dispositivas dependerá del tipo de falta que sean imputadas y el juez o la jueza tomará en consideración la edad de la persona menor de edad, su historial y sus necesidades para la más pronta y eficaz rehabilitación.

• Nominal – Un juez o una jueza orienta a la persona menor de edad, haciéndole conocer de lo inaceptable o reprochable de su conducta y las posibles consecuencias de continuarla, pero sin imponer condiciones a su libertad.

• Libertad condicional – El juez o la jueza dispone que la persona menor de edad permanezca en el hogar de su padre, madre o en el de otra persona adecuada, exigiéndole cumplir con una o más de varias condiciones establecidas en la ley.

• Custodia – El juez o la jueza ordena que la persona menor de edad se mantenga bajo la custodia de una institución juvenil, o en otra institución pública o privada adecuada para ofrecerle los servicios que procedan.

Alguacil o alguacila

Tiene la función de mantener la seguridad y el orden en el Tribunal, y hacer cumplir las órdenes. Por ejemplo, cada sala del Tribunal General de Justicia tiene este personal asignado para mantener el orden. El alguacil o la alguacila también hace cumplir las órdenes de un juez o una jueza fuera del Tribunal. Por ejemplo, si el juez o la jueza ordena la aprehensión o la citación de una persona menor de edad, el alguacil o la alguacila entrega personalmente la citación o es quien realiza la aprehensión.

Juez o jueza

Dirige los procedimientos judiciales, asegura el cumplimiento de las reglas procesales, de evidencia, y el derecho aplicable, entre otras funciones. Es la persona que toma la decisión en el caso de acuerdo con la prueba que se le presente y las leyes aplicables.

Personal de secretaría

Graba el audio de todo lo que ocurre en la sala (con el equipo de grabación del Poder Judicial) y toma notas de lo que ocurre durante las vistas. Luego, prepara un documento que se conoce como minuta, en el que se escribe lo que las partes hayan expuesto en sala. Además, recibe documentos y mociones que las personas presentan, y tiene a su cargo notificar las órdenes y sentencias que emite el Tribunal.

Unidad social

Es la unidad que cuenta con trabajadores y trabajadoras sociales con maestría que son empleados y empleadas del Poder Judicial. Su función es asesorar al juez o a la jueza sobre qué medida dispositiva imponerle a la persona menor de edad, si en su momento el Tribunal determina que la persona menor de edad cometió la falta. También tiene la responsabilidad de supervisar a aquellas personas menores de edad que se les impone una libertad condicional como medida dispositiva.

Centros de mediación de conflictos

La mediación es un método o forma de resolver los conflictos mediante el cual las personas los solucionan sin la necesidad de iniciar un proceso judicial o una vez ha empezado alguno. Para esto, se realiza un diálogo con la ayuda de un mediador o una mediadora imparcial. Este servicio es rápido, gratuito y voluntario. El Poder Judicial cuenta con Centros de Mediación de Conflictos en las 13 regiones judiciales y pueden atender, entre otros conflictos, aquellos con personas menores de edad, tales como: agresiones simples, amenazas, alteraciones a la paz y acoso. Los servicios de mediación los podría ofrecer también otra entidad que se dedique a esos fines en el Poder Ejecutivo o alguna organización no gubernamental.

Procurador o procuradora de menores

Fiscal o fiscala auxiliar del Departamento de Justicia, que tiene un nombramiento especial por ley para atender los asuntos relacionados a las personas menores de edad a quienes se les imputa la comisión de una falta. Es la persona encargada de iniciar el caso y presentar prueba en contra de la persona menor de edad.

Policía

Miembro de la Policía de Puerto Rico. Su función es asegurarse de que la comunidad cumpla con las leyes y ayuda a mantener el orden público. Debe proteger el interés público tratando a las personas menores de edad con el cuidado y tratamiento que requieran, tomando en consideración su bienestar y protección.

Perito

Persona experta en distintas áreas que, por sus estudios, experiencias y dominio del tema, se contrata para que pueda comparecer como testigo y ofrezca su opinión profesional sobre el tema particular que se evalúe.

Instituto de Ciencias Forenses

Investiga, realiza análisis científico-forense e interpreta evidencia física, biológica, documental y digital que se recopila por la comisión de una falta.

Instituciones juveniles

Las instituciones juveniles están adscritas al Departamento de Corrección y Rehabilitación, y son centros de detención donde se llevan las personas menores de edad para las cuales se ordenó su detención o aprehensión. También incluye los centros de tratamiento social donde son ubicadas las personas menores de edad para que reciban los servicios de evaluación, diagnóstico, tratamiento y custodia según sea requerido por el Tribunal.

Departamento de la Familia

En aquellos casos en los que no se pueda identificar a una persona que esté encargada de la custodia de la persona menor de edad que se sospecha cometió una falta, el Departamento de la Familia asumirá la custodia de esta para asegurarse que conozca y entienda todos los procedimientos, los derechos que le cobijan y las consecuencias legales de renunciar a sus derechos.

Departamento de Educación

Tiene a cargo el sistema de educación pública en Puerto Rico. En aquellos casos en los que se crea que una persona menor de edad ha cometido una falta, el Departamento de Educación deberá demostrar que se agotaron todos los remedios o procedimientos administrativos disponibles antes que el caso llegue a la Sala de Menores. Es decir, que atendieron la situación o realizaron los procesos que corresponden antes de presentar la situación al Tribunal. De igual forma, si se trata de una escuela privada que no pertenece al Departamento de Educación, le aplican los mismos requisitos sobre agotamiento de remedios.