La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, autoriza las siguientes expresiones sobre el Proyecto del Senado 1292 que enmendaría la Ley de la Judicatura de 2003.
“A pesar del imperativo de atender el rezago salarial de los jueces y de las juezas del País, y a pocos días de finalizar esta sesión legislativa, no existe voluntad en la Cámara de Representantes para atender el Proyecto del Senado 1292 que viabilizaría aumentar el salario de nuestra judicatura. Ello es desconcertante si se toma en consideración los años de esfuerzo para que la Junta de Supervisión Fiscal asignara los fondos necesarios para un ajuste salarial y que los propios cuerpos legislativos lo incluyeron en el presupuesto de este año fiscal.
La inacción de la Cámara de Representantes es lamentable. Le hago un llamado al Presidente de la Cámara de Representantes para que reconsidere su postura y le dé paso a la consideración de esta medida antes de que culmine esta sesión, evaluando la medida por sus propios méritos y no sujetándola a condiciones ajenas a la independencia judicial. Tras 20 años sin recibir un aumento, los profesionales que integran la judicatura merecen que sus salarios sean objeto de revisión a la luz de los criterios objetivos utilizados para mejorar su competitividad a nivel de mercado.
Hablo en nombre de todos los jueces y las juezas del Poder Judicial puertorriqueño al expresar nuestra profunda decepción e indignación. No existe impedimento para que la Cámara de Representantes considere en este momento el proyecto, el cual cuenta con fondos asignados, ya fue aprobado por el Senado de Puerto Rico y sobre el cual el Gobernador de Puerto Rico manifestó que convertiría en ley.
Agradezco a los legisladores y las legisladoras que sí tuvieron apertura para discutir el tema en beneficio de nuestros togados y del sistema de justicia, a aquellos que lo aprobaron en el Senado y a aquellos que manifestaron que están preparados para votar a favor de la medida en la Cámara de Representantes.
Seguiré abogando para que tanto a los jueces y las juezas, así como al funcionariado, se les compense adecuadamente a tenor con la labor fundamental que realizan a diario en beneficio de las personas que acuden a los tribunales y de la estabilidad de nuestra democracia.”
