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Las personas imputadas o acusadas de cometer un delito tienen derecho, como parte del debido proceso ley, a entender el procedimiento penal al que se enfrentarán, conocer las posibles penas y ayudar a su abogado(a) en su defensa. Por tanto, las reglas 239 y 240 de Procedimiento Criminal establecen los requisitos que debe considerar el Tribunal para determinar si una persona es o no es procesable.

Sistema de Justicia Criminal

¿Qué significa procesabilidad?

Es la capacidad mental y/o funcional de una persona imputada o acusada para entender el proceso penal y participar efectivamente en su defensa.

¿En qué momento del proceso penal se puede solicitar que se evalúe la procesabilidad?

Puede solicitarse en cualquier momento luego de presentarse la denuncia o la acusación y antes de que se dicte la sentencia. La representación legal de la persona imputada o acusada puede informar al Tribunal su intención de solicitar la paralización del proceso para que se evalúe la procesabilidad de su representado(a).

¿Qué ocurre luego de que se solicita la evaluación de procesabilidad?

Una vez se solicita la evaluación de procesabilidad, se paraliza el proceso penal para dar paso a lo siguiente:

  1. Se señala una vista para determinar el estado mental o funcional de la persona imputada o acusada.
  2. Se designa una persona perita para que examine a la persona imputada o acusada y declare sobre su estado mental o funcional.
  3. En la vista, el Tribunal tomará una determinación sobre si la persona imputada o acusada es procesable o no.

¿Quiénes realizan la evaluación del estado mental o funcional de la persona imputada o acusada?

La evaluación la realiza un(a) psiquiatra o un(a) psicólogo(a) del Tribunal, quien declara sus hallazgos y recomendaciones. Esta información se presentará en la vista de procesabilidad, señalada por el Tribunal.

¿Qué ocurre en la vista de procesabilidad?

En la vista de procesabilidad se presenta la prueba pertinente, incluyendo el testimonio o informe de las personas peritas designadas por el Tribunal (especialistas en psicología o psiquiatría). Luego, el juez o la jueza determina si la persona imputada o acusada está mental o funcionalmente capacitada para continuar el procedimiento.

¿Qué factores toma en consideración la persona perita para hacer la recomendación sobre la procesabilidad?

La persona perita evaluará si la persona imputada o acusada puede participar adecuadamente en el proceso judicial. Para hacer su recomendación, tomará en cuenta si puede:

  1. Comunicarse efectivamente con su representación legal.
  2. Cooperar con su defensa.
  3. Recordar y relatar los hechos relacionados con el caso.
  4. Seguir instrucciones.
  5. Identificar a las personas testigos, ayudar a localizarlas y a interrogarlas.
  6. Tomar decisiones sobre su caso luego de recibir una explicación completa de las opciones disponibles.

¿Qué ocurre si el Tribunal determina que la persona imputada o acusada es procesable?

Si el Tribunal determina que la persona imputada o acusada es procesable, continúa el procedimiento penal en la misma etapa en la que se paralizó.

¿Qué ocurre si el Tribunal determina que la persona imputada o acusada no es procesable?

Si el Tribunal determina que la persona imputada o acusada no es procesable, se mantienen paralizados los procedimientos. El Tribunal podría emitir una orden para que la persona reciba educación sobre el proceso legal. Esta educación se podría llevar a cabo en una institución adecuada para esos fines, tales como un hospital psiquiátrico forense.

¿Procesabilidad e inimputabilidad es lo mismo?

No. La procesabilidad se refiere a la capacidad de la persona imputada o acusada de entender el proceso criminal que enfrenta y poder cooperar con su defensa. En cambio, en la inimputabilidad, es una defensa que surge del Código Penal de Puerto Rico y en la cual la persona imputada o acusada alega que, al momento de los hechos delictivos, por enfermedad o defecto mental, no tenía la capacidad suficiente para comprender la ilegalidad de sus actos, ni podía comportarse conforme a la ley.

Revisado: Noviembre 2026