Apoyo, sin reparos, la justicia salarial para todos los empleados públicos y privados del País, sin excepciones, y así lo he reiterado públicamente en múltiples ocasiones. Igualmente, me he expresado a favor del aumento al salario mínimo y de mejores condiciones laborales para todos los trabajadores puertorriqueños. Los empleados de la Rama Judicial, que incluyen a los jueces y las juezas, son parte de esa fuerza laboral.
Me debo a todas las personas que a diario buscan justicia en los tribunales, y a todos los empleados que conforman la Rama Judicial. Ellos, al igual que el resto de los empleados públicos, merecen justicia salarial. En los tres años que llevo sirviendo como Jueza Presidenta, he trabajado sin pausa para procurar un sistema de justicia más fuerte y sensible para nuestros trabajadores de la justicia y para nuestros ciudadanos. Continuaremos abogando por ambos. Lamento que el esfuerzo a favor de estos servidores públicos se haya visto con desprecio e indignación. Pero siempre he escuchado los reclamos del pueblo. Puerto Rico lo sabe.
Ante ello, hago un llamado al País para abrir un diálogo amplio y templado para trabajar por la justicia salarial de todos los trabajadores. Mientras esto ocurre, he determinado retirar el proyecto que procuraba brindar justicia salarial a nuestros togados, para quienes no se ha contemplado un ajuste de salario por casi dos décadas, quienes no cotizan para el Seguro Social, y quienes no tienen derecho a la huelga, entre otros. Aprecio la apertura de la Legislatura de Puerto Rico para aclarar sus dudas y recibir los datos que dieron pie a este esfuerzo.
