El Poder Judicial de Puerto Rico y la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron un acuerdo colaborativo para conceptualizar e implementar el Servicio de Facilitadores Judiciales en Puerto Rico. A través de esta iniciativa, ambas instituciones capacitarán a líderes y lideresas comunitarias seleccionadas por sus comunidades para que propicien la difusión de información jurídica, participen en la resolución de conflictos interpersonales y comunitarios de baja intensidad, lleven a cabo orientaciones, provean acompañamiento en trámites relacionados y ofrezcan charlas sobre los derechos y los deberes de las personas. La Jueza Presidenta, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, anunció el acuerdo en el Tribunal Supremo de Puerto Rico ante un grupo nutrido de líderes y lideresas de distintas comunidades.
“El Servicio de Facilitadores Judiciales propiciará el conocimiento y el respeto de los derechos a la vez que permitirá la creación de mecanismos que promuevan el diálogo e involucre a las personas en la resolución de conflictos. Con ello impulsamos una cultura de paz y una convivencia pacífica para beneficio de comunidades específicas.”, expresó la Jueza Presidenta, quien estuvo acompañada de María T. Mellenkamp, Oficial a cargo del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la OEA, el Dr. Juan Carlos Roncal, Coordinador del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA, y el Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, Director Administrativo de los Tribunales. “De este modo institucionalizamos un servicio voluntario en el que el liderato comunitario sirve como puente entre el tribunal y su comunidad”, añadió la Jueza Presidenta.
El Servicio de Facilitadores Judiciales es una iniciativa del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA que se coordina desde el Poder Judicial, cuyo objetivo es promover el acceso a la justicia de las personas económicamente desventajadas y los grupos más vulnerables, así como de las poblaciones que viven en zonas rurales o alejadas de los centros judiciales. La iniciativa busca ayudar a las personas a ejercer sus derechos a través de la promoción y el fortalecimiento del uso de métodos alternos para la solución pacífica de conflictos, creando canales efectivos y legítimos de inclusión, participación y diálogo.
Conforme al modelo establecido por el Programa, la estructura del Servicio de Facilitadores Judiciales en Puerto Rico se integrará por etapas. En la primera etapa, se desarrollará un estudio de conceptualización y establecimiento para implementar las bases programáticas del Servicio, conforme a las necesidades y prioridades particulares de las comunidades y la realidad socioeconómica del país. Posteriormente, con esos datos, el Poder Judicial trabajará en la creación y estructuración de normativas dirigidas a viabilizar la designación y capacitación de los facilitadores y facilitadoras judiciales, lo cual se proyecta ocurra en el 2024.
“Esta iniciativa es emblemática de nuestra visión de un Poder Judicial que se acerca a sus comunidades y que, mediante la educación y las alianzas procura mayores herramientas para ampliar el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables en Puerto Rico”, expresó la Jueza Presidenta.
“Sabemos que los facilitadores judiciales vienen a abonar y complementar la tarea del Poder Judicial y de sus instituciones y dependencias que trabajan el acceso a la justicia con gran compromiso. Desde la OEA manifestamos nuestro pleno compromiso de apoyar todas las acciones necesarias para que el Servicio inicie su pronta implementación y avance en la construcción de un futuro donde la justicia sea siempre un servicio público al alcance de todos.”, destacó María T. Mellenkamp.
Por su parte, el doctor Juan Carlos Roncal expresó su agradecimiento al Poder Judicial y al liderato comunitario por su compromiso, lo que considera un factor clave para el éxito del Programa en Puerto Rico.
A más de veinte años de su creación, el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA continúa siendo un estandarte de inclusión, con una metodología efectiva para garantizar los derechos de las comunidades en los distintos países en que ha sido implementado. Constituye una herramienta para educar en cuanto a los derechos en las comunidades, a través de servicios institucionalizados y establecidos dentro de la estructura de los poderes judiciales de los países participantes.
