El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en pleno, autoriza las siguientes expresiones sobre el Proyecto del Senado 1292 que enmendaría la Ley de la Judicatura de 2003.
“Paciente y deferentemente, hemos dado espacio a la Asamblea Legislativa para que se exprese puntualmente en torno a los salarios de la judicatura, los cuales no han sido revisados por más de 20 años. El Poder Judicial de Puerto Rico ha realizado las gestiones necesarias –frente a cada una de las entidades con competencia sobre el asunto– para lograr un alza salarial para nuestra judicatura, enmarcado en los esfuerzos realizados en los pasados años para lograr salarios competitivos para todos nuestros funcionarios y funcionarias. Dentro de los parámetros que requirió la Junta de Supervisión y Administración Financiera, el Poder Judicial impulsó un Plan de Retribución para mejorar los salarios de sus servidores públicos y logró la asignación presupuestaria necesaria para viabilizar una mejor remuneración para todo nuestro personal, incluyendo los jueces y las juezas.
En años recientes hemos sido testigos de cómo los distintos cambios en las condiciones de retiro y el congelamiento por más de dos décadas del salario de la judicatura han provocado que juezas y jueces experimentados se hayan visto forzados a renunciar a sus cargos. Este cuadro también ha provocado una mayor dificultad en el reclutamiento del mejor talento posible para la judicatura. La remuneración y condiciones de trabajo de los jueces y las juezas constituyen un factor clave en la calidad de los recursos humanos que prestan servicios a las personas que acuden a nuestros tribunales.
Durante este cuatrienio, otros funcionarios que componen el sistema de administración de la justicia han recibido mejoras salariales. El proyecto que enmendaría la Ley de la Judicatura de 2003 pretende viabilizar que el Poder Judicial tenga acceso a fondos ya presupuestados para mejorar la remuneración de los jueces y las juezas, fondos asignados por la propia Asamblea Legislativa para esos fines. Al filo del cierre de la presente sesión, recabamos que este asunto de interés público sea atendido por sus propios méritos para el fortalecimiento de la independencia judicial y como un acto de respeto mutuo entre todos los poderes del Gobierno de Puerto Rico.”
