El Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobó un nuevo Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico (el nuevo Reglamento). En la Resolución ER-2018-04 que se emitió el 12 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo expuso que “la reglamentación que hoy aprobamos reafirma nuestro compromiso con el acceso a la justicia y el cimiento de una cultura jurídica dirigida hacia el servicio pro bono.”
El nuevo Reglamento, el cual entrará en vigor el 1 de julio de 2019, amplía y viabiliza la representación legal gratuita para indigentes al disponer por primera vez para las asignaciones de oficio en procedimientos de naturaleza civil. Además, promueve la administración eficiente y transparente, a través de la implementación de un sistema mecanizado para uniformar el proceso de selección y asignación de abogados y abogadas de oficio dentro de un nuevo esquema de “zonas judiciales”.
“Este Reglamento, además de abonar a la eficiencia y transparencia en las asignaciones de oficio, viabilizará el cumplimiento de la responsabilidad ética de todo abogado y toda abogada de ofrecer servicios legales libre de costo a personas indigentes, y facilitará el acceso y la protección adecuada de los derechos a las personas que no cuentan con los recursos económicos para costear su representación legal”, explicó la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez.
La nueva reglamentación incentiva una cultura de servicio pro bono entre la comunidad jurídica al establecer un mecanismo para reconocer el cumplimiento con las asignaciones de oficio para todo abogado y abogada que ofrezca servicios legales gratuitos y de forma voluntaria.
También se establece un esquema de exenciones, aplicables por año fiscal. Esto, como mecanismo para mantener el banco de abogados y abogadas actualizado y para atender de forma anticipada las razones que constituyen justa causa para excusar a un abogado o una abogada de una asignación de oficio. Para ello, se provee para la presentación electrónica de una declaración anual para facilitar la actualización del banco de abogados y abogadas oficio de forma automatizada.
De igual forma, se simplifica el proceso de certificación y aprobación de honorarios de oficio. Ahora se permitirá solicitar el pago de honorarios por año fiscal y el rembolso de gastos mensual, independientemente de la etapa procesal en la que se encuentre el caso. Por último, con miras a asegurar una evaluación continua del sistema de asignaciones de oficio, y una adecuada rendición de cuentas, se crea una Comisión Permanente para la Evaluación del Sistema de Oficio la cual rendirá un informe anual al Tribunal Supremo con recomendaciones y hallazgos puntuales para mejorar el sistema.
El nuevo Reglamento y la Resolución del Tribunal Supremo, así como el informe del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial y su resumen ejecutivo, se pueden acceder desde el portal de la Rama Judicial (www.ramajudicial.pr), pulsando el enlace denominado “Abogados(as) de Oficio”.
