Información sobre temas legales

Un patrón de conducta repetitiva y persistente que se lleve a cabo en dos o más ocasiones, con la intención de intimidar a una persona o a sus familiares.

Puede ir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar una orden de protección. Las órdenes de protección son medidas y condiciones que establece el Tribunal para que la persona que comete el acecho deje de hacerlo.

Para solicitar la orden de protección, no tiene que haber una denuncia o acusación previa y puede utilizar el formulario Petición de Orden de Protección al Amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico (OAT 1230).

Las personas que pueden solicitar una orden de protección en una situación de acecho son:

• la persona acechada
• el o la representante legal de la persona acechada
• un o una agente del orden público (por ejemplo, un o una policía)
• el o la patrono, si la persona acechada es su empleado o empleada y si los actos constitutivos de acecho ocurren en el lugar de trabajo o áreas cercanas, luego de notificarle a la persona acechada la intención de solicitar la orden de protección

El o la patrono puede solicitar la orden mediante el formulario Petición de Orden de Protección Patronal al Amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico (OAT 1816).
En casos de emergencia, o que la persona acechada esté incapacitada mental o físicamente, o no pueda solicitarla por sí misma, la petición puede ser presentada por otra persona.

En la orden de protección, el Juez o la Jueza podrá ordenar, entre otras cosas, que la persona que acecha:

• se abstenga o deje de molestar, hostigar, perseguir, intimidar, amenazar a la persona acechada
• no entre, ni esté en los lugares donde se encuentre la persona acechada
• si ocasionó daños, pague una cantidad de dinero o indemnización económica por los mismos (por ejemplo, reparaciones de propiedad, gastos de mudanza, gastos legales, médicos, entre otros)
• entregue inmediatamente cualquier arma de fuego que tenga en su posesión a la Policía de Puerto Rico

También, y según el Artículo 16(A) de la Ley Núm. 284-1999, puede solicitar que el Tribunal emita una orden a su compañía de servicio telefónico inalámbrico para que provea un nuevo número telefónico y, de ser necesario, transfiera la responsabilidad y control sobre uno o más números telefónicos a la parte peticionaria (persona que solicita la orden de protección), sin costo adicional. Para esto puede utilizar el formulario Petición Orden de Cambio de Número Telefónico y Transferencia de Responsabilidad y Control (OAT 1806).

Los formularios mencionados en esta página están disponibles en el portal cibernético de la Rama Judicial, en las secretarías de los tribunales y en los Centros Pro Se.

Si se encuentra en una situación de emergencia, comuníquese inmediatamente al Sistema 9-1-1 o al cuartel de la Policía de Puerto Rico o de la Policía Municipal más cercano.

Es un procedimiento sumario (rápido) al cual se puede acoger la parte demandante (persona que presenta la demanda o petición en el Tribunal) que presenta una reclamación en cobro de dinero, siempre y cuando la suma de dinero adeudada, sin incluir los intereses, sea $15,000.00 o menos. Si la persona se representa por derecho propio, puede utilizar el formulario Demanda y Orden (bajo la Regla 60) (OAT 991), disponible en las secretarías de los tribunales o en los Centros Pro Se.

La parte demandante presentará un escrito de demanda en la Sala Municipal donde resida la parte demandada (persona contra quien se presenta la demanda; persona que le debe). En la demanda deberá constar la siguiente información:

• nombre, dirección física y postal, número de teléfono, número de fax, y dirección de correo electrónico de la parte demandante o de su representación legal
• nombre, dirección física y postal de la parte demandada (de no tener esta información al momento de presentar la demanda, el pleito se llevará por procedimiento ordinario y no al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil)
• naturaleza de la deuda (por qué se le debe ese dinero, por concepto de qué)
• cantidad exacta adeudada
• detalle de las gestiones de cobro realizadas antes de acudir al Tribunal a presentar la reclamaciónAdemás, podrá incluir como anejo una declaración jurada sosteniendo los hechos contenidos en la demanda o copia de cualquier otro documento que evidencie las reclamaciones de la demanda.

La parte demandante deberá acompañar el escrito de demanda con un proyecto de notificación–citación que será expedido inmediatamente por el Secretario o la Secretaria del Tribunal. Puede utilizar el formulario Notificación Citación Bajo Regla 60 (OAT 991A). La parte demandante será responsable de diligenciar o entregar la notificación-citación, con copia de la demanda, dentro de los diez días de presentada la demanda, mediante entrega personal o por correo certificado.

El día que presente la reclamación, se le informará la fecha en que se celebrará la vista en su fondo que, por la naturaleza del proceso, será dentro de los tres meses de presentada pero nunca antes de los quince días de la fecha en que fue expedida la notificación a la parte demandada.

Tanto la parte demandante como la parte demandada podrán comparecer a la vista por derecho propio o acompañadas por sus representantes legales. Durante la vista, el Tribunal evaluará las alegaciones de las partes, así como la prueba presentada, y dictará sentencia inmediatamente.

Si la parte demandada no se presenta el día de la vista y el Tribunal determina que esta fue debidamente notificada y que le adeuda una suma de dinero a la parte demandante, el Tribunal podría anotarle la rebeldía, lo que significa que el procedimiento seguirá sin su presencia. Anotada la rebeldía y evaluada la prueba presentada, el Tribunal puede dictar sentencia en contra de la parte demandada y ordenar el pago de la suma adeudada.

Los dueños o las dueñas de la propiedad, su representante o cualquier otra persona que tenga derecho a poseer o estar físicamente en la casa, apartamento o finca, puede solicitar un desahucio cuando, por ejemplo:

• hay falta de pago de la renta, según acordado entre las partes
• por incumplir alguna cláusula esencial del contrato (ej. en cuanto a la cantidad de personas que ocuparán la propiedad, por tener animales, por darle a la propiedad un uso distinto al establecido en el contrato, por ruidos innecesarios o alterar la paz y causar controversias vecinales)
• incumplimiento de un contrato federal, como son los contratos de subsidios de HUD

Como resultado del procedimiento judicial, el Tribunal puede ordenar que la persona abandone la propiedad. Sin embargo, como se trata de un procedimiento especial rápido, no se permiten añadir otras reclamaciones. Por ejemplo, que se compense por algún daño o perjuicio o que se le pague por alguna mejora, como una construcción, que se le haya hecho a la propiedad.

No. Es ilegal que la persona dueña de la propiedad saque a la persona inquilina por la fuerza. La persona dueña de la propiedad tiene que presentar una demanda de desahucio ante el Tribunal y obtener una sentencia a su favor para que se realice el procedimiento de desahucio.

Las peticiones de desahucio se pueden presentar de dos formas, dependiendo de la cantidad de dinero que se adeude:

• si la cantidad no excede de $5,000 anuales, se presenta en la Sala Municipal del Tribunal correspondiente al Municipio donde ubica la propiedad
• si la cantidad excede los $5,000 anuales, se presenta en la Secretaría Superior del Tribunal de Primera Instancia
• si entre las partes no hubo contrato alguno, a esto se le conoce como el desahucio en precario y se atenderá en la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia

La demanda debe contener el nombre completo y dirección de la persona quien la presenta (parte demandante) y su relación con la propiedad para la cual se solicita el desahucio. Es decir, si es el o la dueño de la propiedad, un o una representante del dueño o de la dueña, u otra relación con la propiedad. Además, tiene que incluir el nombre completo de la persona contra quien se presenta la demanda y se solicita el desahucio (parte demandada) y su dirección.

En la demanda deberá explicar la razón por la cual se solicita el desahucio. Por tratarse de una demanda, incluirá además el formulario de Emplazamiento y Citación por Desahucio (OAT 972) , al cual se le debe incluir el nombre de la parte demandada y su dirección residencial.

Los requisitos son:

• presentar la demanda en la Secretaría del Tribunal
  • puede utilizar el formulario Demanda de Desahucio (OAT 931)
• completar el formulario de Emplazamiento y Citación por Desahucio (OAT 972)
• presentar $60.00 en sellos de rentas internas, si únicamente va a solicitar el desahucio de la parte demandada por falta de pago

Sí. El Tribunal podrá permitir que se presente una reclamación de cobro de dinero de los cánones adeudados. Si va a incluir una reclamación de cobro de dinero junto a la demanda de desahucio, debe consultar en la Secretaría del Tribunal la cantidad que deberá presentar en sellos de rentas internas. Por otro lado, en el trámite sumario de una demanda de desahucio, no se pueden incluir reclamaciones de mejoras a la propiedad.

Tan pronto se presenta la demanda, la Secretaría del Tribunal señalará una vista dentro de los siguientes diez días laborables. La parte demandante tendrá que notificarle a la parte demandada, no menos de cinco días antes de la fecha señalada para la vista copia de la demanda y del emplazamiento-citación. Este último documento incluye la fecha de la vista. Para esta notificación, la parte demandante deberá coordinar con un emplazador privado o una emplazadora privada, o con los alguaciles o las alguacilas del Tribunal. El servicio de los alguaciles y las alguacilas para esta gestión tiene un costo de $15 en sellos de rentas internas.

Cuando la parte demandada recibe el emplazamiento y la demanda, ésta puede contestar la demanda antes de la vista, para esto puede utilizar el formulario Contestación a Demanda de Desahucio (OAT 1801), o esperar a la vista y contestar durante la misma.

El día de la vista, las partes pueden comparecer al Tribunal por derecho propio (Pro Se) o con representación legal. Las partes tendrán la oportunidad de presentar toda aquella evidencia pertinente al caso y que tengan a su favor. Cuando concluye la presentación de la prueba, el Tribunal decidirá, en una sentencia, si procede o no el desahucio.

Si la parte demandada decide no ir a la vista, se entiende que renuncia a presentar cualquier planteamiento o prueba a su favor y el Tribunal le anotará la rebeldía, lo que significa que el caso continúa su trámite sin su presencia; el Tribunal puede ver la prueba y escuchar los planteamientos de la parte demandante y tomar una decisión.

Si en la vista surge que en la propiedad a ser desalojada vive una familia que tiene insolvencia económica, el Tribunal deberá notificar copia de la sentencia al Departamento de la Familia y al Departamento de la Vivienda. Si en la vista surge que una de las personas a ser desalojadas es una persona de edad avanzada, el Tribunal notificará la sentencia a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, o si hay una persona con impedimento, se notifica a la Oficina del Procurador con Impedimentos, ahora conocido con la Defensoría de Personas con Impedimentos.

Cuando el Tribunal emite y notifica la sentencia, cualquiera de las partes que no esté de acuerdo con la decisión, tiene cinco días para apelarla en el Tribunal de Apelaciones. Si pasan los cinco días sin que alguna de las partes presente una apelación, se entiende que la sentencia es final y, de haberse decidido que procede el desahucio, la parte demandante podrá solicitar una orden de lanzamiento o desalojo. Por otro lado, si una parte decide apelar la sentencia de desahucio deberá pagar una fianza para cubrir cualquier situación que surja mientras el Tribunal de Apelaciones resuelve la apelación. Dependiendo de lo que resuelva el Tribunal de Apelaciones, se podrá solicitar o no la orden de lanzamiento.

Algunas de las defensas que puede presentar una persona que enfrenta un proceso de desahucio son:

• conflicto de título; es decir, que ambas partes alegan tener la prueba que establece su derecho sobre la propiedad (por ejemplo, escritura de donación, testimonio bajo juramento o construcción en terreno ajeno con permiso de la persona dueña)
• hizo los pagos necesarios y tiene prueba de los mismos (por ejemplo, recibos, giros postales, cheques cancelados, estados de cuenta y otros)
• no hizo acción alguna que fuera contraria al contrato
• no recibió notificación del proceso

Si no se presenta una apelación, la sentencia es final y firme a los cinco días del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. En la sentencia, el Tribunal habrá ordenado el lanzamiento.

El lanzamiento es el acto mediante el cual se desaloja físicamente a las personas que ocupan una propiedad.

Como regla general, el lanzamiento se podrá efectuar a partir de que la sentencia sea final y firme, o sea a los cinco días del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, si no se presentó una apelación. Sin embargo, en los casos en que el Tribunal haya determinado que la familia a ser desahuciada es insolvente por no tener suficientes ingresos, el lanzamiento se podrá efectuar luego de transcurridos veinte días desde la notificación de la sentencia.

En estos casos, el Tribunal envía inmediatamente copia de la sentencia a cada Secretario o Secretaria del Departamento de la Familia y del Departamento de la Vivienda para que le brinden ayuda a la familia afectada. El término de lanzamiento o desalojo de la propiedad será de veinte días improrrogables (no se puede extender el término), los cuales comenzarán a contarse a partir de la fecha de la notificación de la sentencia. Es decir, la parte demandada tendrá un término no mayor de veinte días para abandonar la propiedad, desde la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. El personal de esas dependencias deberá estar presente al momento del desalojo para salvaguardar la seguridad física y emocional de la familia desahuciada.

No. Luego de que la sentencia sea final y firme, la persona dueña de la propiedad o la parte demandante deberá solicitar al Tribunal que emita la orden de desahucio. Podrá utilizar la Moción en Solicitud de Orden de Desahucio (OAT 1742).

La parte demandante deberá entregar al Alguacil o a la Alguacila del Tribunal el mandamiento de desahucio y la orden correspondiente. El Alguacil o la Alguacila coordinará con la parte demandante la fecha y la hora en que se realizará el lanzamiento o desahucio.

El día del desahucio, el Alguacil o la Alguacila se presentará a la propiedad objeto del desahucio y sacará del lugar a los o las ocupantes. La parte demandante tendrá que estar presente. De ser necesario, la parte demandante deberá presentarse con un cerrajero o una cerrajera para permitir la entrada a la propiedad y cambiar la cerradura o el candado, para volver a tomar posesión de la propiedad. El Alguacil o la Alguacila supervisará la labor de lanzamiento de las pertenencias que efectúen las personas asignadas por la parte demandante y brindará las instrucciones.

En los casos en que el Tribunal haya determinado que la familia a ser desalojada es insolvente, el Alguacil o la Alguacila del Tribunal habrá coordinado la presencia del personal del Departamento de la Familia y del Departamento de la Vivienda.

No. La parte demandante será responsable de coordinar la presencia de un cerrajero o una cerrajera y de cualquier equipo necesario para remover las pertenencias de la persona que ocupa la propiedad, incluyendo al personal necesario para esta tarea. Si la parte demandante no coordina la presencia de este personal o equipo necesario para remover las pertenencias, el Alguacil o la Alguacila no procederá con el desahucio.

Sí. La parte demandante deberá verificar en la Oficina de Alguaciles y Alguacilas del Tribunal el monto total de aranceles a pagar antes del lanzamiento; es decir, la cantidad de sellos de rentas internas que deberá presentar.

Las viviendas subsidiadas bajo los diferentes programas que administra el Departamento de la Vivienda tienen reglamentos que regulan el proceso de desahucio que tiene que cumplirse. Algunos de estos reglamentos exigen que se realice un procedimiento administrativo antes de que se someta la demanda de desahucio. Las partes deberán explorar si existen reglamentos que le apliquen a la vivienda.

Si a usted se le llamó para testificar o declarar en un caso, debe:

• ubicarse donde se le indique e identificarse con su nombre y apellidos
• prestar juramento antes de testificar, si usted va a declarar
• decir siempre la verdad
• dirigirse al Juez o a la Jueza por su cargo: “Juez” o “Jueza”, de manera respetuosa
• mostrar respeto al Juez o a la Jueza, al personal del Tribunal, al abogado o a la abogada de la otra parte y a las personas presentes
• verbalizar todas las contestaciones, salvo aquellas personas que posean algún tipo de impedimento para expresarse de forma oral ya que los procedimientos se graban para récord; por eso se tienen que escuchar sus respuestas de forma clara
• si tiene una limitación auditiva debe informarlo al Tribunal antes del día de la citación, para que el Tribunal pueda hacer los arreglos correspondientes y ese día esté disponible la asistencia necesaria
• utilizar un tono de voz moderado, no grite ni murmure ya que los micrófonos de la Sala no amplifican, solo graban
• evitar hacer gestos o realizar manifestaciones que interrumpan los procedimientos, aunque no le guste lo que escucha o no esté de acuerdo con lo que se dice; mantenga la calma, no pierda la paciencia ni se incomode
• asegurarse de que entiende cada una de las preguntas que le hacen. Si no entiende algo, pida que se lo expliquen o se lo repitan ya que no debe sentirse amenazado o amenazada o cohibido o cohibida por no entender lo que le preguntan

Si no puede asistir el día de la citación, comuníquese con el Tribunal. No comparecer sin causa justificada a una citación puede conllevar desacato al Tribunal (que es el delito que castiga el incumplimiento de una orden judicial) y podría ser arrestado o arrestada.

Durante el proceso judicial:

• si usted es parte, cuando el Secretario o la Secretaria de la Sala llame el caso, colóquese detrás del podio de la Sala e identifíquese con su nombre y apellidos
• si usted es la parte demandante (quien presentó el caso) y:
  • se está representando por derecho propio, hablará primero y expondrá su solicitud y el remedio legal o la solución que solicita, de forma clara y concisa
  • tiene representación legal, será su abogado o abogada quien se dirija al Juez o a la Jueza salvo que se le solicite responder a alguna pregunta hecha por las partes o el Tribunal
• si usted es la parte demandada y:
  • se está representando por derecho propio, cuando la parte demandante termine de exponer su solicitud, usted tendrá oportunidad de explicar su posición y argumentos, de forma clara y concisa
  • tiene representación legal, será su abogado o abogada quien se dirija al Juez o a la Jueza, salvo que se le solicite responder a alguna pregunta hecha por las partes o el Tribunal

Se entenderá que el caso culminó y el Juez o la Jueza podrá informar su determinación en ese momento o posteriormente.

De no estar de acuerdo con la determinación del Juez o de la Jueza:

• evite realizar comentarios irrespetuosos
• si se está representando por derecho propio, diríjase al Juez o a la Jueza respetuosamente y solicite una reconsideración; exponga los fundamentos (dígale por qué no está de acuerdo)
• si tiene representación legal, será su abogado o abogada quien solicite la reconsideración, verbalmente en Sala o por escrito, con su consejo y consentimiento
• si no se acoge su solicitud, podrá apelar la determinación del Tribunal, cuando la ley así lo permita

Para que una sentencia emitida en una jurisdicción de EE.UU. sea válida en Puerto Rico, debe cumplir con los requisitos siguientes:

• dictada por un Tribunal competente y con jurisdicción (autoridad) sobre la persona y sobre el asunto que sea objeto de esta la haya dictado
• emitida por un el Tribunal que haya observado el debido proceso de ley
• no se haya sido obtenida mediante fraude

Si se trata de sentencias emitidas en tribunales extranjeros, se deben cumplir los requisitos desglosados y, además, con los siguientes:

• el sistema bajo el cual se dictó la sentencia se distinga por su imparcialidad y por la ausencia de prejuicio contra una persona extranjera
• el sistema no sea contrario al orden público
• la sentencia no sea contraria a los principios básicos de la justicia

(a) Si es un procedimiento de validación de una sentencia de adopción o una sentencia de cambio de nombre, deberá asegurarse que la sentencia emitida por el Tribunal extranjero o por alguna jurisdicción de EE.UU. ordene dicho cambio de nombre y su inscripción en el Registro Demográfico. Si la sentencia no contiene esa determinación, deberá solicitarse las enmiendas pertinentes a esos fines en la jurisdicción donde se emitió la sentencia, antes de solicitar un procedimiento de exequátur en Puerto Rico.

(b) Se podrá presentar un procedimiento de exequátur por derecho propio o a través de una representación legal. De tener representación legal, debe ser un abogado admitido o una abogada admitida a ejercer la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahora bien, si es un abogado o una abogada que tenga la autorización para ejercer la abogacía en alguna jurisdicción de los EE.UU., podrá solicitar una admisión de cortesía al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Para conocer cómo llevar a cabo este proceso, se recomienda que consulte la Regla 12 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(c) Quien litiga por derecho propio puede solicitar que se le envíen todas las notificaciones del caso de exequátur por correo electrónico, enviando el formulario Solicitud del(de la) Litigante por Derecho Propio para la Notificación a través de Correo Electrónico (OAT 1844) a la Secretaría del Tribunal donde se atiende su caso.

PASO 1: PRESENTAR UNA DEMANDA O SOLICITUD EX PARTE

La parte con interés tiene dos opciones:

• presentar una demanda contra todas las demás personas afectadas por la sentencia de otra jurisdicción, cuya convalidación y reconocimiento se solicita
• presentar una solicitud ex parte, suscrita bajo juramento por todas las personas afectadas por la sentencia de otra jurisdicción cuya convalidación y reconocimiento se solicita.

Para esto, se puede presentar la petición por derecho propio y utilizar como modelo los formularios relacionados al procedimiento de exequátur para una sentencia de adopción: formulario Demanda para la Convalidación y el Reconocimiento de una Sentencia Emitida por un Tribunal de Estados Unidos de América (Exequátur) en los Casos de Adopción (OAT 1847) y formulario Petición para la Convalidación y el Reconocimiento de una Sentencia Emitida por un Tribunal de Estados Unidos de América (Exequátur) en los Casos de Adopción (OAT 1846).

Sobre la juramentación de la petición, esta puede ser efectuada por un o una County Clerk, siempre y cuando se acompañe una certificación de que este funcionario o esta funcionaria tiene la autorización para efectuar dicha juramentación en la jurisdicción correspondiente.

PASO 2: ESCOGER EL TRIBUNAL EN EL QUE SE PRESENTARÁ LA DEMANDA O PETICIÓN

La demanda debe presentarse en el Tribunal del lugar donde tendrá efecto la validación de la sentencia. Por ejemplo:

• si se trata de la validación de una adopción de una persona menor de edad nacida en Puerto Rico pero que se llevó a cabo en otra jurisdicción, el Tribunal que atenderá esta demanda o solicitud será el Tribunal del Municipio donde nació la persona menor de edad adoptada
• si se trata de una validación de un divorcio efectuado en otra jurisdicción que tendrá el efecto de liquidar la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, el Tribunal con competencia será el Tribunal del Municipio donde se encuentran los bienes

Para verificar el Tribunal en el que se debe presentar la demanda o solicitud, puede acceder el Directorio telefónico del Poder Judicial, organizado por regiones judiciales.

PASO 3: PAGO DE ARANCELES

Esta demanda o solicitud deberá estar acompañada del pago de $90.00 en Sellos de Rentas Internas. Si tiene representación legal, su abogado o abogada podrá realizar el pago por el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). Si se representa por derecho propio, puede adquirir los sellos correspondientes con Colecturía Digital, comunicándose al (787) 354-9469 o enviar un correo electrónico a servicioalcliente@colecturiadigital.com.

PASO 4: DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA DEMANDA O SOLICITUD

La demanda o solicitud debe estar acompañada de los documentos siguientes:

• copia certificada, legible y completa de la sentencia cuya convalidación y reconocimiento se solicita
• traducción fiel y exacta al idioma español de la sentencia, en caso de no haber sido redactada originalmente en español o en inglés (si está redactada en inglés, se puede presentar en inglés)

Además, será necesario que se presenten documentos adicionales, de acuerdo con la demanda o solicitud que se presenten al Tribunal en Puerto Rico. A continuación, se incluyen los ejemplos más frecuentes de los documentos que se deben presentar según el caso:

• divorcio: Acta de matrimonio
• adopción: Acta o Certificado de nacimiento de la persona menor de edad; acta de matrimonio de las personas adoptantes (si están casadas); documentación que sustente cada uno de los requisitos del exequátur que surgen en la segunda pregunta de esta página; Certificación del o de la County Clerk, si aplicara
• cambio de nombre: Acta de nacimiento; Certificado de antecedentes penales en Puerto Rico y de la jurisdicción donde reside; Certificación de trabajo; copia de los documentos que ha tramitado con el nombre que pretende cambiar

PASO 5-NOTIFICACIÓN

La demanda o la solicitud ex parte deberá notificarse a las personas siguientes:

• todas las personas afectadas por la sentencia cuya convalidación y reconocimiento se solicita
• Procurador o Procuradora de Asuntos de Familia (Departamento de Justicia de Puerto Rico), en todos los casos en que puedan afectarse los intereses de personas menores de edad o incapacitadas
• Ministerio Público (Departamento de Justicia de Puerto Rico), en todos los casos en que, a los fines de lograr su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, se solicite la convalidación de las sentencias relacionadas con las reclamaciones judiciales
• Secretario o Secretaria de Justicia de Puerto Rico, en todo caso en que, a juicio del Tribunal de Puerto Rico, se trate de un asunto de máximo interés público para que pueda comparecer en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Para más información sobre el Departamento de Justicia, puede acceder a: http://www.justicia.pr.gov/.

Si alguna de estas vive en Puerto Rico, puede ser emplazada a través de la Oficina de Alguacilazgo del Tribunal donde se presentó la demanda o petición, con el pago de los aranceles correspondientes ($30.00 en Sellos de Rentas Internas) y millaje ($3.00 por milla; debe comunicarse primero con la Oficina de Alguacilazgo para determinar la cantidad de millas que requerirá). Para saber cómo realizar el pago de aranceles, puede referirse al paso 3.

PASO 6: SOLICITUD DE UNA VISTA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS

De ser necesaria una vista para este procedimiento, la persona con interés puede solicitar en la misma demanda o en la solicitud ex parte que la vista se lleve a cabo a través del sistema de videoconferencias. Quedará a discreción del Tribunal conceder esta solicitud.

Toda persona adulta mayor tiene derecho a que se le garanticen todos los derechos, beneficios, privilegios y las responsabilidades otorgadas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América, así como de las leyes y los reglamentos federales y estatales.

En síntesis, la Ley Núm. 121-2019 reconoce derechos fundamentales para las personas adultas mayores en los temas de salud, alimentación, familia, trabajo, asistencia social, participación, educación, información, establecimiento de cuidado, reclusión en establecimiento residencial o médico-hospitalario, principios jurídicos y legislación especial. A continuación, se desglosan los derechos de las personas adultas mayores, organizados por temas.

Generales

• Ser escuchada, atendida y consultada en asuntos que le afectan.
• Escoger con quién y dónde vivir.
• Recibir protección física y social contra abusos, explotación y aislamiento.
• Que se le respete su integridad física, psicoemocional y sexual.
• Disfrutar de un ambiente de paz.
• Recibir un trato preferencial, digno y apropiado ante cualquier instrumentalidad gubernamental.
• Disfrutar y tener acceso a programas de servicios recreativos, deportivos y culturales en la comunidad.
• Contar con espacios libres de barreras arquitectónicas para el fácil acceso y desplazamiento.

Salud, alimentación y familia

• Participar en la toma de decisiones sobre el tratamiento de sus enfermedades.
• Vivir en un entorno familiar o tener contacto con ellos y ellas a pesar de vivir en lugares separados.
• Recibir alimentos, si carece de medios para sustentarse.
• Recibir atención médica integral de calidad a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Trabajo

• Seguir participando de la fuerza trabajadora sin más restricción que las diagnosticadas por autoridad médica o legal.
• Acceder a oportunidades de empleo en áreas especiales en las que pueda desarrollarse dentro de las fuentes de trabajo, con horarios accesibles, de acuerdo con los beneficios de ley y con salarios dignos.

Asistencia social

• Decidir libremente ingresar a facilidad de cuido prolongado, hogar o albergue.
• A ser beneficiaria de programas de asistencia social y vivienda digna cuando se encuentre en situación de riesgo, vulnerabilidad, desamparo, desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.

Participación

• Aprovechar su capacidad, experiencia y conocimiento para participar en la vida cívica, cultural, deportiva y recreativa de su comunidad.
• Formar parte de las diversas organizaciones de representación y consulta ciudadana.

Principios jurídicos

• Disfrute pleno de sus derechos, con perspectiva de género y sin discriminación ni distinción alguna.
• Trato digno y apropiado en procesos judiciales.
• Asesoría gratuita de agencias.
• Representación legal gratuita, cuando sea necesario.
• Decidir sobre la tutela de su persona y la disposición o uso de sus bienes.

Educación e información

• Tener disponibles oportunidades de programas de educación.
• Recibir orientación de agencias públicas y sus servicios.
• Recibir, de parte de las instituciones públicas correspondientes, la capacitación necesaria en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Establecimiento de cuidado

• Oportunidad de participar en la planificación de su tratamiento.
• Rehusar cualquier tratamiento experimental.
• No ser trasladada sin su consentimiento, salvo que medie una notificación treinta días antes que incluya un plan de traslado.
• No ser restringida física o químicamente sin una orden médica, por escrito, cuya vigencia no dure más de veinticuatro horas.
• Manejar sus finanzas o recibir informe de persona delegada.
• Recibir visitas, mantener comunicación con las personas que desee y tener privacidad para visitas con su cónyuge.

Reclusión en establecimiento residencial o médico hospitalario

• Gozar de las garantías procesales y sustantivas en todo proceso de admisiones voluntarias a instituciones o servicios residencial.
• En caso de reclusión involuntaria, tendrá derecho a:
  • vista con la persona que dirige el establecimiento residencial para discutir reclusión
  • que la reclusión no se extienda más allá del tiempo estipulado
  • solicitar y estar presente en vistas médicas y legales
  • contratar servicios de representación legal
  • tener personal experto independiente para evaluar su caso

A continuación, algunas de las responsabilidades que tienen distintas entidades o grupos de personas según la Ley Núm. 121-2019.

Familiares

• Brindar alimentos (todo lo indispensable tales como sustento, habitación, vestido y asistencia médica).
• Conocer los derechos de las personas adultas mayores y evitar que algún o alguna familiar ponga en peligro su persona, bienes y derechos (por ejemplo, abandono, explotación financiera o maltrato).
• Proveer una habitación digna, preferiblemente en su propio domicilio o en facilidades de cuidado asistido.
• Fomentar su independencia, respetar sus decisiones y mantener su privacidad.
• Gestionar ante entidades públicas y privadas el respeto a sus derechos y su calidad de vida.
• Contribuir a que se mantengan productivos y socialmente integrados.

Cualquier persona

• Informar si tiene conocimiento o sospecha de que una persona adulta mayor es víctima de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional. Debe hacerlo a través de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) del Departamento de Familia, la Oficina del(de la) Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) o el Negociado de la Policía. La información y la identidad de la persona que la suministró será confidencial.

Profesionales y funcionariado, públicos o privados, que brinden servicios a las personas adultas mayores

• Informar a la UIE del Departamento de Familia, la OPPEA o al Negociado de la Policía si en su capacidad profesional y en el desempeño de sus funciones, tuvieren conocimiento o sospecha de que una persona adulta mayor es, ha sido, o está en riesgo de ser víctima de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o maltrato físico, emocional, financiero, explotación o abuso sexual, entre otros, por negligencia institucional.

Departamento de Familia

• Intervenir en todas las situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional que se les refiera, y exigir responsabilidades a los y las familiares.
• Establecer medidas de prevención, identificación, investigación, supervisión y tratamiento social para toda persona adulta mayor que sea víctima de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional, y recurrir a los tribunales.
• Coordinar esfuerzos con el sector privado, gubernamental y la sociedad civil en protección de los derechos y las necesidades de las personas adultas mayores.
• Establecer una línea directa de ayuda y emergencia para personas adultas mayores.
• Dar prioridad a los casos de maltrato hacia personas adultas mayores.
• Recibir las querellas de maltrato que las agencias gubernamentales y organizaciones o entidades privadas les refieran.
• Establecer la estructura de consulta de aquellas organizaciones con o sin fines de lucro, de base de fe, y de la empresa privada que proveen servicios a las personas adultas mayores.

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)

• Ofrecer y coordinar atención, tratamiento residencial o ambulatorio, integral y eficiente, a personas adultas mayores maltratadas en lo relacionado a condiciones de salud mental y/o adicción.
• Proveer testimonio pericial, certificaciones o informes escritos en los procesos judiciales, cuando le sea requerido.
• Ofrecer y coordinar servicios de salud mental y/o adicción para los cuidadores, las cuidadoras o personas encargadas de una persona adulta mayor que incurran en conducta de maltrato o negligencia.
• Facilitar la investigación de referidos de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional en facilidades que brindan servicios de salud mental.
• Desarrollar acuerdos colaborativos con entidades gubernamentales y privadas para proveerles servicios de salud mental y/o adicción, a las personas adultas mayores o persona responsable que ha incurrido en conducta maltratante.

Departamento de Salud

• Identificar y proveer apoyo a las familias en riesgo de sufrir maltrato (en colaboración con la OPPEA y el Departamento de Familia).
• Proveer testimonio pericial, certificaciones o informes escritos en los procesos judiciales, cuando le sea requerido.
• Facilitar la investigación de los referidos de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional en facilidades licenciadas por el Departamento de Salud.
• Ofrecer asesoría y consultoría sobre aspectos médicos del maltrato al Departamento de Familia.
• Ofrecer evaluación y atención médica prioritaria a las personas adultas mayores bajo la custodia del Departamento de Familia.
• Garantizar servicios de salud a las personas adultas mayores que estén bajo la protección del Departamento de Familia, independientemente del lugar donde hayan sido ubicados.

Departamento de Vivienda

• Ofrecer atención inmediata, como medida de protección, a las solicitudes donde exista una situación de maltrato y/o negligencia de una persona adulta mayor bajo la custodia del Departamento de Familia y la persona responsable o encargada de la persona adulta mayor pueda evidenciar cumplimiento con el Plan de Servicios.
• Incluir cláusulas en los contratos que provean para que el Departamento de Vivienda pueda enmendar el contrato de renta cuando la persona maltratante tiene el mismo a su nombre, a fin de propiciar que la persona adulta mayor pueda seguir en su hogar.
• Procurar que los agentes administradores y las agentes administradoras de las facilidades de vivienda ofrezcan atención inmediata a las situaciones donde existe maltrato y/o negligencia y cumplan con las obligaciones impuestas al Departamento de Vivienda.
• Identificar viviendas transitorias para situaciones de emergencia.

Otras agencias del Poder Ejecutivo

• Dar prioridad a los tipos de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional que se cometan contra una persona adulta mayor.
• Coordinar entre sí, mediante acuerdos entre agencias, la prestación de servicios relacionados a identificación, prevención o tratamiento de las personas adultas mayores que son víctimas de maltrato o negligencia en cualquiera de sus modalidades.
• Asistir y colaborar con el personal del Departamento de Familia en cualquier gestión afirmativa dirigida a proteger los derechos y la seguridad de las personas adultas mayores.

Poder Judicial o tribunales

• Atender todas las denuncias criminales que se hagan de delitos contra personas adultas mayores.
• Atender todas las solicitudes de órdenes de protección o casos que le presenten a favor de personas adultas mayores y mantener un registro de las órdenes expedidas.
• Informar al Departamento de Familia, a la persona adulta mayor y/o su encargado o encargada sobre la excarcelación de una persona convicta por delitos en contra de personas adultas mayores.

Algunos remedios legales disponibles son:

• órdenes de protección
• solicitud de alimentos
• acción criminal

Cualquier persona adulta mayor que haya sido víctima de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional, puede solicitarla personalmente, o a través de su representante, tutor o tutora legal, de un o una agente del orden público, o de un funcionario o una funcionaria público. También, cualquier persona interesada en el bienestar de la persona adulta mayor puede solicitarla. Quien solicita la orden de protección y la persona a nombre de quien se solicitó se les conoce como la parte peticionaria.

Se solicita en una Sala Municipal del Tribunal de Primera Instancia o mediante el correo electrónico de presentaciones@ramajudicial.pr.

Conforme a la Ley Núm. 121-2019, esta petición se puede hacer de manera escrita o verbal. Se puede solicitar:

• en un caso nuevo aparte con el único fin de solicitar la orden de protección
• como parte de otro caso pendiente entre las partes, como por ejemplo un caso de Relaciones de Familia
• a solicitud del Ministerio Público en un procedimiento penal o como condición de probatoria o libertad condicional

De optar por presentar un caso nuevo, se pueden utilizar el formulario interactivo Petición de orden de protección para personas adultas mayores o, en la alternativa, los formularios Petición de Orden de Protección para el Adulto Mayor (OAT 1082) y Datos Personales para Orden de Protección del Adulto Mayor (OAT 1753).

Una vez presentada la petición, el Tribunal citará a las partes para una comparecencia dentro de los próximos cinco días.

Como norma general, un Alguacil o una Alguacila o policía citará a las partes. Sin embargo, el Tribunal podrá ordenar que la citación se efectúe por cualquier persona mayor de dieciocho años, a petición de la parte solicitante. La incomparecencia de una persona debidamente citada constituirá desacato, que es el delito que castiga el incumplimiento de una orden del Tribunal.

Sí. El Tribunal podrá expedir una orden de protección ex parte si determina que:

• se han hecho gestiones de forma diligente para notificar a la parte contra quien se pide la orden y no se ha tenido éxito;
• existe la probabilidad que dar notificación previa a la parte contra quien se pide la orden provocará el daño irreparable que se intenta prevenir, o
• cuando la parte solicitante demuestre que existe una probabilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato o de ser víctima de cualquier delito.

Las órdenes de protección expedidas de manera ex parte tendrán carácter provisional y deberán notificarse inmediatamente a la parte contra quien se pide la orden. La parte contra quien se pide la orden tendrá la oportunidad de oponerse en la vista que señalará el Tribunal dentro de los próximos cinco días de haberse expedido la orden ex parte. Durante esta vista, el Tribunal podrá dejar sin efecto la orden, modificarla o extenderla por el término que estime necesario.

El Tribunal puede ordenar a la parte peticionada (contra quien se solicitó la orden) a:

• desalojar la residencia que comparte con la parte peticionaria
• abstenerse de molestar, hostigar, perseguir, intimidar, amenazar
• abstenerse de acercarse o penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la parte peticionaria para prevenir que la parte peticionada moleste, intimide, amenace, perturbe la tranquilidad de la parte peticionaria
• pagar una pensión si procede conforme a Derecho
• prohibir a la parte peticionada disponer en cualquier forma de los bienes de la parte peticionaria
• ordenar cualesquiera de las medidas provisionales respecto a la posesión y uso de la residencia de las partes y sobre aquellos bienes muebles
• pagar por los daños que fueren causados por la conducta constitutiva de maltrato y/o negligencia (puede incluir gastos de: mudanza, por reparaciones a la propiedad, legales, médicos, psiquiátricos, psicológicos, de consejería, orientación, alojamiento, albergue, asistencia tecnológica y otros gastos similares)
• ordenar a la persona encargada o dueña de un establecimiento residencial u hospitalario, donde se encuentre la parte peticionaria, a tomar las medidas necesarias para que no se viole la orden o cualquier parte de esta
• establecer otras prohibiciones y órdenes necesarias para dar cumplimiento a los propósitos y política pública de la ley protectora de las personas adultas mayores

Una vez notificada, si la persona viola, a sabiendas, alguna disposición de la orden de protección incurrirá en un delito grave. Si la persona es acusada y encontrada culpable de ese delito, podría ser sentenciada a dos años de cárcel, una multa que no sea mayor de $5,000.00 o ambas penas. Asimismo, el Tribunal podría sentenciar a cumplir el tiempo de cárcel por servicios comunitarios.

Se puede presentar una petición de alimentos en una Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia. También se puede hacer una reclamación en la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) bajo el Programa PROSPERA. Este programa provee un procedimiento administrativo de mediación y puede referir el asunto a un Procurador o una Procuradora Auxiliar de Personas de Edad Avanzada para que presente alguna reclamación en los tribunales.

• En Tribunal: persona adulta mayor por sí, o a través de su representante legal, tutor o tutora.
• En PROSPERA: persona adulta mayor por sí, mediante su representante legal, por un o una agente del orden público, agencia o instrumentalidad pública o privada, tutor, tutora, funcionario público, funcionaria público o cualquier persona particular interesada en el sustento de dicha persona.

Para iniciar el proceso, hay que hacer una denuncia con la Policía de Puerto Rico. Esto lo puede hacer cualquier persona que tuviere conocimiento personal de los hechos que constituyen el delito a presentarse en la denuncia. Luego de que la Policía haga su investigación, corresponderá al Ministerio Público decidir si inicia o no un caso criminal en los tribunales. Si se inicia el procedimiento, el Ministerio Público estará representado por un Fiscal o una Fiscala del Departamento de Justicia.

Le aplican a toda persona que necesite, solicite, reciba o haya recibido servicios de salud mental, incluyendo servicios para todos los trastornos relacionados al abuso, dependencia y trastornos inducidos por sustancias (droga y/o alcohol).

Incluye a personas adultas de dieciocho años o más y menores de edad, de diecisiete años o menos.

Los remedios más comunes para personas adultas son:

• Petición de Detención Temporera de Veinticuatro (24) Horas  (OAT 1248)
• Petición de Ingreso Involuntario por un Máximo de Quince (15) Días  (OAT 1251)
• Petición de Cambio de Estatus de Ingreso Involuntario a Involuntario por un Máximo de Quince (15) Días  (OAT 1749)
• Petición de Tratamiento Compulsorio  (OAT 1747)
• Petición para someter a una persona adulta a terapia electroconvulsiva  (OAT 1751)

Los formularios mencionados están disponibles en las secretarías de todos los tribunales, en los Centros Pro Se  y en el portal cibernético de la Rama Judicial en la página de Formularios .

Es una solicitud juramentada que se presenta ante el Tribunal cuando se tiene base razonable para creer que una persona de dieciocho años o más requiere tratamiento de salud mental inmediato para protegerla de causarse daño físico a sí, a otras personas o a la propiedad y no desea recibir atención médica de forma voluntaria.

De concederse la petición, se ordenaría la detención temporera de la persona adulta, por un periodo máximo de veinticuatro horas, para sea conducida a una institución hospitalaria y evaluada por un o una psiquiatra, en conjunto con un equipo de profesionales de la salud mental, para que estabilicen a la persona y determinen el nivel de cuidado y tratamiento necesario para esta.

Cualquier persona mayor de dieciocho años que observe que otra persona mayor de dieciocho años presenta peligro para sí, otras personas o la propiedad y rehúsa recibir tratamiento o evaluación psiquiátrica de forma voluntaria. Esto incluye, pero no se limita a: familiares, amistades, vecinos, vecinas, agentes del orden público, funcionarios y funcionarias de agencias, entre otras.

Se podrá presentar en el Tribunal más cercano a la residencia de la persona que se entiende necesita servicios de salud mental o en el Tribunal más cercano al lugar donde se encuentre dicha persona.

La petición se debe presentar lo más pronto posible desde que ocurre la emergencia psiquiátrica de la persona, pero nunca más tarde de las veinticuatro horas de haber ocurrido un episodio.

 Si la emergencia psiquiátrica ocurre durante horas de la noche, un fin de semana o día feriado, podrá acudir al cuartel más cercano para que, a través de la Policía, se active el sistema de Juez o Jueza de turno. Al activar el sistema de “Juez o Jueza de turno”, se podrá atender el asunto desde la comandancia policiaca, no necesariamente desde un Tribunal. 

Se completa la petición mediante el formulario Petición de Detención Temporera de Veinticuatro (24) Horas (OAT 1248).

El Tribunal celebrará una vista ex parte, lo que significa que solo estará presente la parte peticionaria, es decir, quien solicita la orden. El Juez o la Jueza evaluará el contenido de la solicitud y entrevistará a la parte peticionaria, y de entender procedente la detención temporera de una persona adulta, emitirá una Orden de detención temporera para que la persona sea evaluada por un(a) psiquiatra.

La orden tiene una vigencia de setenta y dos horas (o tres días naturales) desde que fue emitida. Esto significa que, al transcurrir el término, quedará sin efecto automáticamente si no fue diligenciada (entregada a la persona contra la que se emitió la orden). Por lo tanto, al recibir la orden de detención temporera, la parte peticionaria tendrá que hacer las gestiones pertinentes, a la brevedad posible, para trasladar a la persona al hospital para que sea evaluada por un equipo de profesionales de la salud mental.

La persona que solicitó la orden debe coordinar, a través del plan médico de la persona sujeta a la detención temporera, los servicios de ambulancia. La ambulancia es un vehículo adecuado, según la propia Ley de Salud Mental, cuando corresponda a trasladar a una persona que enfrenta una emergencia psiquiátrica. También, le corresponderá coordinar con el cuartel de la Policía más cercano para que un o una agente de orden público, junto al personal de primera respuesta, le asista en el diligenciamiento de la orden del Tribunal. En coordinación con el servicio de ambulancias y la Policía, se trasladará a la persona a una institución hospitalaria para que le evalúe y cumpla con lo ordenado por el Tribunal.

Si se trata de una emergencia psiquiátrica o la persona no tiene plan médico, se puede hacer las gestiones a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 o de emergencias médicas.

La parte peticionaria debe entregar inmediatamente la orden de detención temporera en la institución hospitalaria correspondiente para que evalúen a la persona y determinen si su recomendación será que sea admitida involuntariamente.

No. Los procesos al amparo de la Ley de Salud Mental son procedimientos civiles, no criminales. Por tal razón, no afectan el récord de la persona. De hecho, también son procedimientos confidenciales por lo que los expedientes no están accesibles a cualquier persona.

En un periodo no mayor de veinticuatro horas de haber llegado al hospital, la persona debe ser evaluada por un equipo de profesionales de la salud mental compuesto por mínimo tres profesionales y un o una psiquiatra. Este equipo determinará el nivel de cuidado apropiado para esa persona. Los niveles de cuidado pueden fluctuar entre una hospitalización hasta recibir tratamiento de forma ambulatoria.

Si luego de evaluar a la persona el o la psiquiatra, en conjunto con el equipo de profesionales entiende que esta no debe ser hospitalizada, le dará de alta y establecerá el plan de cuidado que corresponda. Esto debe ser notificado al Tribunal dentro de un término no mayor de setenta y dos horas desde que ocurre el alta.

Si el o la psiquiatra, en consulta con el equipo de profesionales determina que la persona requiere una hospitalización de forma involuntaria, expedirá una certificación para que su familiar, tutor o tutora legal o un o una representante con autorización de la institución, según aplique, solicite al Tribunal una orden de ingreso involuntario por un máximo de quince días.

Esta petición se presenta dentro de las siguientes veinticuatro horas de haberse emitido la certificación por el hospital. La certificación debe estar firmada por el o la psiquiatra y contener los datos profesionales de los y las miembros del equipo de profesionales que evaluó y recomendó el ingreso de la persona. 

Se puede recurrir al Tribunal más cercano a la institución hospitalaria donde será ingresada la persona, o al Tribunal más cercano al lugar de residencia de esa persona, el que le quede más cerca. No es necesario hacer la petición en el mismo Tribunal que concedió la orden de detención temporera. 

Para obtener una orden de ingreso involuntario por quince días, es necesario presentar la petición al Tribunal mediante el formulario Petición de Ingreso Involuntario por un máximo de 15 días  (OAT 1251). La petición tiene que estar acompañada de la certificación del o de la psiquiatra que evaluó a la persona, en consulta con el equipo de profesionales de la salud mental, mediante la cual se justifique la hospitalización de forma involuntaria.

La petición puede ser presentada por la misma persona que gestionó la detención temporera, un o una representante con autorización del hospital, o cualquier persona mayor de dieciocho años que tenga a la mano la certificación que emite el hospital recomendando este nivel de cuidado. Esto incluye, pero no se limita a: familiares, vecinos, vecinas, agentes del orden público, representantes con autorización del hospital, funcionarios o funcionarias de agencias, entre otras.

Al recibir la petición junto con la certificación del o de la psiquiatra, el Tribunal evaluará que cumpla con los requisitos de ley, y de ser así, autorizará una orden de ingreso involuntario por un máximo de quince días. La determinación se hará inmediatamente.

Si la petición no viene acompañada de la certificación, no podrá ser considerada en el momento. El Tribunal ordenará a la parte peticionaria a realizar las gestiones para obtener la certificación requerida por la ley.

Al autorizar el ingreso involuntario de una persona, el Tribunal señalará una vista de seguimiento dentro de los siguientes cinco días laborables con el propósito de evaluar la necesidad de continuar con el ingreso o si procede el alta de la persona.

Al emitir la orden de ingreso involuntario, se activa el derecho de la persona ingresada involuntariamente a estar representada legalmente. Si la persona no tiene recursos económicos, podrá referírsele a una entidad que ofrezca estos servicios para personas indigentes o, si cualifica, podrá designársele abogado o abogada de oficio. Esta gestión podrá hacerla la parte peticionaria a beneficio de la persona ingresada, o el Tribunal a instancia propia. 

La parte peticionaria será responsable de entregar copia de la orden al hospital en el que se ingresará a la persona. El hospital tiene el deber de informar a la persona ingresada involuntariamente sobre los derechos que le asisten, incluyendo el de estar representada legalmente.

A la vista debe comparecer la parte peticionaria del ingreso involuntario y algún o alguna representante del hospital, o en ausencia de esta persona, se rendirá al Tribunal un informe con los detalles del progreso de la persona. La parte peticionara deberá tener consigo todos los documentos que le haya facilitado el hospital hasta ese momento.

La persona ingresada involuntariamente tiene derecho a estar presente en la vista, si las circunstancias lo permiten y a impugnar su ingreso y presentar prueba a favor de la concesión del alta, por sí o a través de su representante legal.

Tras recibir la prueba pertinente, el Tribunal determinará si la persona debe continuar hospitalizada involuntariamente o no. De determinar que la persona no amerita mantenerse ingresada involuntariamente, ordenará el alta inmediatamente y se asegurará que sea referida al nivel de cuidado correspondiente.

Si por el contrario, el Tribunal determina que la persona debe permanecer ingresada de forma involuntaria, la orden de ingreso involuntario continuará en efecto hasta cumplirse los quince días o hasta que la recomendación sea modificada concediendo el alta, lo que ocurra primero. Para esto señalará las vistas adicionales que estime apropiadas hasta que se recomiende el alta de la persona.

Por lo menos tres días antes de finalizar el período inicial de quince días, el director o la directora de la institución o del hospital de salud mental o su representante, por su propia voluntad o por conducto de un o una familiar o tutor o tutora legal de la persona ingresada, debe presentar en el Tribunal una segunda certificación, emitida por un o una psiquiatra, en conjunto con el equipo de profesionales de la salud mental que atendió a la persona ingresada. La certificación debe establecer la necesidad de mantener a la persona ingresada involuntariamente por un periodo que no debe exceder de quince días adicionales.

Dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas de haberse recibido la segunda certificación recomendando la extensión del término inicial, el Tribunal celebrará una vista para determinar si procede el ingreso por un periodo máximo de quince días adicionales.

Si el Tribunal lo entiende necesario, puede ordenar la extensión de la hospitalización por un máximo de quince días adicionales y señalar vistas de seguimiento adicionales.

Esto ocurre cuando una persona que llegó voluntariamente al hospital y fue evaluada e ingresada, luego solicita ser dada de alta, pero el equipo de profesionales de la salud mental que la evaluó considera que la persona representa peligro para sí, otras personas o a la propiedad, por lo que recomienda que se niegue el alta y se le obligue a permanecer hospitalizada de forma involuntaria.

La petición puede ser presentada por un o una representante con autorización del hospital, o cualquier persona mayor de dieciocho años que tenga a la mano la certificación que emite el hospital recomendando el ingreso de forma involuntaria. Esto incluye, pero no se limita a: familiares, vecinos, vecinas, agentes del orden público, representantes con autorización del hospital, funcionarios o funcionarias de agencias, entre otras.

La petición debe realizarse ante el Tribunal dentro de las siguientes veinticuatro horas de la persona haber solicitado el alta al hospital. También, debe venir acompañada de la certificación del o de la psiquiatra, en conjunto con el equipo de profesionales de la salud mental que evaluó a la persona y recomienda el ingreso involuntario de esta.

La petición puede hacerse en el Tribunal más cercano a la institución hospitalaria en la que se encuentra ingresada la persona. Para ello, deberá hacerlo a través del formulario Petición de Cambio de Estatus de Ingreso Voluntario a Involuntario por un Máximo de Quince (15) Días  (OAT 1749).

El Tribunal evaluará la petición dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas, para determinar si procede o no el cambio de estatus. También evaluará que venga acompañada de la certificación correspondiente. Mientras el Tribunal dilucida si procede o no la petición la persona deberá permanecer ingresada en el hospital. 

Para todos los efectos, se seguirá el mismo proceso del ingreso involuntario. Quiere esto decir, que, de concederse la orden de cambio de estatus, se activa el derecho de esa la persona a estar representada por abogado o abogada y se señalará una vista de seguimiento dentro de los próximos cinco días laborables para determinar si procede o no mantener a la persona ingresada de forma involuntaria.

Es el mecanismo que tiene aquella persona que interesa que otra se comprometa con su tratamiento para su salud mental, cuando tiene motivo para creer que esta última no quiere hacerlo de forma voluntaria. El tratamiento compulsorio puede ser una alternativa para evitar la hospitalización psiquiátrica y lograr que la persona se comprometa y cumpla con las recomendaciones médicas.

Tratándose de una petición para someter a una persona a un tratamiento involuntario y de manera obligatoria, el Tribunal debe evaluar las recomendaciones médicas para determinar si la persona en cuestión amerita ser sometida a un tratamiento de forma compulsoria. Si el Tribunal concede la petición, la persona estaría sujeta a cumplir con el tratamiento obligatorio indicado, pudiendo resultar su incumplimiento en un desacato al Tribunal. Esto puede conllevar sanciones económicas a la parte, o su arresto.

Cualquier persona mayor de dieciocho años que tenga motivo fundado para creer que una persona necesita tratamiento para su trastorno de salud mental (incluyendo el uso y abuso de sustancias controladas y/o alcohol), pero no quiere comprometerse a ello de forma voluntaria. Esto puede incluir, pero no se limita a: familiares, amistades, miembros del equipo de profesionales de la salud que atienden a la persona, trabajadores o trabajadoras sociales, u otras personas que tengan interés en la recuperación de la persona. 

Se solicita a través del formulario Petición de orden de tratamiento compulsorio  (OAT 1747) y se presentará en Tribunal más cercano al lugar de residencia de la persona que sería objeto del tratamiento compulsorio o en el Tribunal más cercano en el que se halle la persona.

Idealmente, la petición debe estar acompañada por una recomendación escrita de un o una psiquiatra o profesional de salud mental, que en conjunto con un equipo de profesionales de la salud mental hayan evaluado y recomendado esta modalidad de tratamiento para esa persona particular. La recomendación de este o esta profesional debe detallar el tratamiento que necesita la persona y establecer la importancia y necesidad de que el Tribunal lo ordene.

Si la parte peticionaria no cuenta con la recomendación médica por escrito, pero considera que la persona debería ordenársele recibir tratamiento de forma compulsoria, igual podrá hacer la petición para tratamiento compulsorio. En ese caso, el Juez o la Jueza evaluará la situación, celebrará una vista para escuchar a la parte que presentó la petición y de quedar convencido o convencida, ordenará una evaluación comprensiva para que un equipo inter o multidisciplinario recomiende o no esta modalidad de tratamiento a la persona. Luego, cuando los resultados de la evaluación ordenada estén disponibles, celebrará otra vista en la que se determinará si procede o no ordenar el tratamiento.

Si la petición de tratamiento compulsorio se presenta junto con la recomendación de los y las profesionales de la salud mental, el Juez o la Jueza citará a una vista posterior para escuchar a la parte que presentó la petición, al o a la profesional de la salud mental que recomendó esa modalidad tratamiento y a la persona para quien se solicitó el tratamiento.

La persona tiene derecho a estar presente en la vista en la que se diluciden los resultados de la evaluación. También tiene derecho a estar representada por abogado o abogada en la vista; impugnar las recomendaciones médicas y presentar prueba a favor de que no se ordene el tratamiento de forma compulsoria.

El día de la vista evidenciaria, la persona sujeta al tratamiento compulsorio debe estar representada por un abogado o una abogada. Por tanto, las gestiones para conseguir representación legal deberán realizarse desde que se presenta la solicitud de tratamiento compulsorio. Si la persona no tiene recursos para costear su propia representación, podrá solicitar el referido a una organización que se dedique a ofrecer estos servicios para personas indigentes o, si cualifica, podrá designársele abogado o abogada de oficio. Esta gestión podrá hacerla la parte peticionaria a beneficio de la persona sujeta al tratamiento compulsorio, o el Tribunal a instancia propia.

La parte peticionaria, la parte sujeta al tratamiento compulsorio, su representante legal y algún o alguna representante con autorización del equipo de profesionales de la salud mental que lo evaluó y recomendó o no esta modalidad de tratamiento, deberán estar presente. En ausencia de este último, se podrá rendir el informe detallado al Tribunal.

El Tribunal evaluará las recomendaciones médicas y escuchará a las partes. De entender procedente el tratamiento compulsorio, concederá una resolución y orden para someterse a tratamiento compulsorio. De lo contrario, se podrá ordenar el archivo del caso.

La persona que no cumpla con el tratamiento compulsorio y las condiciones ordenadas por un Tribunal se expone a un desacato. El desacato es una sanción que el Tribunal impone cuando una persona no cumple con lo ordenado. Esto pudiera incluir sanciones económicas o conllevar su arresto, dependiendo de las circunstancias. 

El tiempo dependerá del progreso de la persona. El Tribunal ordenará vistas de seguimiento periódicas, como mínimo cada tres meses. En este mismo periodo, los y las profesionales de la salud que atienden a la persona bajo tratamiento compulsorio deberán rendir informes al Tribunal en el que notifiquen el progreso o no de la persona y su adherencia al tratamiento.

El Tribunal archivará el caso cuando la persona demuestre que no representa un peligro para sí, para otras personas o la propiedad; cuando los y las profesionales de la salud mental así lo recomienden, o cuando se demuestre que la persona se encuentra apoderada de su proceso de recuperación y fuera de peligro.

El tratamiento compulsorio puede solicitarse nuevamente, las veces que sean necesarias.

Es una técnica de tratamiento que se realiza mediante la electricidad, al inducir una activación de las neuronas del sistema nervioso central, que debe ser repetida un determinado número de veces, para el tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas.

Esta solicitud puede hacerse ante el Tribunal cuando la persona que se pretende someter a esta modalidad de terapia no consiente a recibirla, o no puede consentir, o su tutor o tutora legal- de ser asignado o asignada- no consiente a la terapia. Si la persona o su tutor o tutora legal consiente a la terapia, no es necesaria la intervención del Tribunal.

La petición puede hacerse por el director o la directora médico de la institución que se propone ofrecer esta terapia a una persona o un o una representante con autorización de la institución.

Debe solicitarse en el Tribunal más cercano a la institución que ofrecerá la terapia. Esta se hace mediante el formulario Petición para someter a una persona adulta a terapia electroconvulsiva  (OAT 1751).

El Tribunal señalará una vista dentro de las siguientes ocho horas de haber recibido la petición. En la vista, evaluará las recomendaciones médicas y toda la información que estime apropiada para determinar si autoriza la terapia electroconvulsiva a una persona.

El Tribunal ordenará la comparecencia de los y las facultativos médicos que recomiendan la terapia electroconvulsiva y a los familiares de la persona sujeta a esta terapia, si lo estima necesario.

La terapia será administrada las veces que haya sido autorizada por el Tribunal. Si luego de las terapias autorizadas por el Tribunal la persona no presenta mejoría y el equipo de profesionales recomienda que esta sea sometida nuevamente a más sesiones de terapia electroconvulsiva, deberá recurrir nuevamente al Tribunal si la persona sujeta a las terapias o su tutor o tutora legal no las consiente.

Si la persona que se encuentra en medio de una emergencia psiquiátrica es menor de dieciocho años y su padre o madre con patria potestad, persona custodia legalmente o tutor o tutora legal entiende que amerita tratamiento urgente, basta el consentimiento de esta para que se dirija al o a la menor a una institución para recibir los servicios. Cuando cualquiera de estas personas consienta, no será necesaria la intervención del Tribunal ya que se considera como un tratamiento voluntario, aunque el o la menor no esté de acuerdo.

Cuando el padre o la madre con patria potestad, persona custodia legalmente, o tutor o tutora legal no se encuentre, cualquier persona interesada mayor de dieciocho años podrá gestionar para que el o la menor reciba una evaluación de forma comprensiva para conocer si amerita un ingreso de emergencia. En estos casos, se debe recurrir al Tribunal para que lo autorice.

Si el Tribunal lo autoriza, se trasladará al o a la menor a una institución hospitalaria que ofrezca servicios para menores y adolescentes para que un o una psiquiatra de niños y niñas y adolescentes junto con el equipo inter o multidisciplinario de la institución proveedora, establezcan el diagnóstico y determinar el nivel de cuidado que corresponda a la severidad de los síntomas y signos en el momento. El director o la directora de la institución proveedora deberá continuar los esfuerzos para localizar al padre o a la madre con patria potestad o al tutor o a la tutora legal. Si la persona es localizada, y consiente por escrito, a la admisión involuntaria se validará como si fuera una admisión voluntaria y el o la menor podrá continuar bajo hospitalización.

Si el padre o madre, con patria potestad, o el o la tutor legal no se encuentre dentro las próximas veinticuatro horas o si luego de encontrarse rehúsa el consentimiento para el ingreso del o de la menor, se radicará una petición y un informe al Tribunal sobre la condición del o de la menor, que contendrá las recomendaciones del o de la psiquiatra de niños y niñas y adolescentes, en consulta con el equipo inter o multidisciplinario.

El Tribunal determinará si procede la continuidad del cuidado o el alta del o de la menor, para lo cual señalará una vista para llevarse a cabo dentro del término de siete días naturales. El procedimiento será similar al del ingreso involuntario de una persona adulta, activándose el derecho de ese o esa menor a tener representación legal.

El estándar para saber si el Tribunal debe intervenir o no, es cuando el padre o la madre con patria potestad, o la persona o agencia que ostente la custodia legal del o de la menor o el tutor o la tutora legal no tienen capacidad para consentir, o teniéndola no consienten a los servicios, o cuando se trata de una emergencia y ninguna de estas personas puede ser hallada luego de realizar las diligencias razonables para conseguirlas.

Siempre que alguna de estas personas esté disponible y ofrezca su consentimiento a cualquiera de los servicios, no será necesario obtener una orden del Tribunal.

Sí. Siempre y cuando no se cuente con el consentimiento del padre o de la madre con patria potestad, persona o agencia que ostente la custodia legal del o de la menor o el tutor o la tutora legal para cualquiera de los procedimientos que están disponibles para personas adultas. Los servicios deberán ser recomendados y ofrecidos por la unidad especializada para niños y niñas y adolescentes.

Depende. Por virtud de la Ley de Salud Mental, cualquier menor entre catorce y diecisiete años de edad puede solicitar recibir servicios ambulatorios, si a juicio del o de la profesional de la salud mental, tiene capacidad para entender el efecto de su solicitud.

Cualquier menor de trece años o menos, podrá solicitar estos servicios por conducto de su padre o madre con patria potestad, persona o agencia que ostente su custodia legal, o su tutor o tutora legal.

Para cualquier otro tipo de servicio que no sea ambulatorio, se requiere autorización de las personas a su cargo, o del Tribunal.

• La persona sujeta a los remedios de esta ley goza de una presunción de que es capaz mentalmente y que su recuperación es posible.
• Las determinaciones judiciales deben estar enfocadas en el mejor interés de la persona que padece de un trastorno de salud mental, no en el de sus familiares o el proveedor o la proveedora de servicios de salud mental.
• Los y las familiares de la persona que recibe servicios de salud mental tendrán la oportunidad de proveer información a los y las profesionales a cargo del tratamiento. Recibirán además, información educativa acerca de la naturaleza de los trastornos, medicamentos y sus efectos secundarios, servicios de sostén disponibles y grupos de apoyo, así como asistencia en estrategias para el manejo de crisis. Esta información será suministrada por toda institución proveedora.
• Toda persona acreedora de servicios de salud mental, los padres, las madres o el tutor o la tutora legal de una persona que recibe servicios de salud mental, tienen el derecho a expresar sus necesidades, satisfacción y recomendaciones sobre los servicios que recibe o se le ofrecen. Tienen el derecho a aportar, recomendar y ser partícipes por sí o mediante representación, en el desarrollo y planificación de las estrategias y servicios que necesita.
• Toda persona adulta que, por razón de consanguinidad o por obligación moral, ya sea porque se haya beneficiado económicamente, obtuvo beneficio de cualquier tipo de la persona que padece de trastornos mentales, o que necesita o recibe servicios de salud mental, tendrá la obligación de proveer el apoyo necesario y procurará que la persona con trastorno mental pueda participar en los servicios que propenda a su recuperación, de acuerdo con su nivel de capacidad.
• Según requerido por la Ley de Salud Mental, todos los proveedores y todas las proveedoras de servicios de salud mental mantendrán oficinas de orientación a las personas sobre sus servicios. Además, toda institución proveedora desarrollará e implantará un procedimiento para la reconsideración y revisión de todas las decisiones clínicas. Por tanto, usted puede solicitar orientación de sus derechos y/o los de su familiar para cuando desee impugnar una determinación médica, o desee presentar una queja o querella.

Significa que una persona obtiene cualquier tipo de beneficio de otra persona, su trabajo o sus cualidades, de forma injusta o indebida.

Trata laboral se define como:

• trabajos o servicios forzados
• servidumbre (por ejemplo, trabajar en condiciones pésimas, sin paga alguna)
• servidumbre por deuda (por ejemplo, prestar servicios personales para saldar una deuda pendiente)
• mendacidad (por ejemplo, obligación a pedir dinero en las calles)
• matrimonio servil (forzado o en intercambio de algún beneficio económico)
• adopción por coacción o coerción
• esclavitud
• extracción de órganos

Algunas actividades son:

• pornografía
• prostitución
• matrimonio servil
• bailes eróticos
• embarazos forzados

Toda persona de cualquier edad y sexo, sea adulta o menor, puede ser víctima de trata humana.

Las preguntas más comunes para identificar alguna situación de trata humana son:

• ¿Tiene la persona libertad para dejar su residencia?
• ¿Tiene la persona libertad para dejar su lugar de trabajo?
• ¿Puede la persona desplazarse libremente? ¿Tiene libertad de movimiento?
• ¿Ha sido la persona abusada física, sexual o psicológicamente?
• ¿Tiene la persona un pasaporte o documento de identidad válido y está en posesión de este?
• ¿Las condiciones de empleo y salario son abusivas? ¿Son diferentes a lo acordado inicialmente?
• ¿Teme la persona que algo malo vaya a sucederle a alguna persona de su familia si se va?
• ¿Hay poca comunicación con los vecinos o las vecinas?
• ¿Hay presencia de personas menores de edad, acompañadas de personas adultas, en lugares no aptos para estas?

Si las contestaciones a varias de estas preguntas es que sí, podría estar frente a una posible víctima de trata humana.

Sí. Los artículos 159 y 160 del Código Penal de Puerto Rico tipifica la trata humana como un delito. El artículo 159 tipifica como delito las modalidades de trata laboral, con pena de cárcel por un término fijo de veinte años. Cuando la persona que comete este acto sea el padre o la madre, persona encargada, tutor o tutora legal de la víctima menor de edad o con discapacidad, será sancionada con una pena de cárcel por un término fijo de veinticinco años. El Artículo 160 tipifica como delito las modalidades de explotación sexual, con pena de cárcel por un término fijo de cuarenta años. Cuando la persona que comete este acto sea el padre, la madre, persona encargada, tutor o tutora legal de la víctima menor de edad o con discapacidad, será sancionada con una pena de cárcel por un término fijo de cincuenta años. Además, se le removerá inmediatamente a la víctima menor de edad de su custodia o cuidado.

No. Además de la persona tratante, que es la persona que realiza el negocio ilegal, también incurre en el delito de trata humana toda persona que participe o facilite la comisión de este delito y toda persona que se beneficie de este comercio ilegal.

Si tiene sospecha de que una persona es víctima de trata humana, debe llamar inmediatamente al Sistema de Emergencias 9-1-1 para hacer la querella correspondiente. Si sospecha que una persona menor de edad es víctima de trata humana, llame inmediatamente a la Línea Directa de Maltrato del Departamento de la Familia al (787) 749-1333 y haga el referido que corresponda.

Cuando una persona menor de 18 años enfrenta o cree enfrentar una situación de violencia doméstica, por violencia física o patrón de violencia psicológica o emocional dentro del noviazgo, puede solicitar que el Tribunal emita una orden de protección bajo la Ley Núm. 54 de 1989. Para este proceso deben estar acompañadas de una persona adulta.