Accesibilidad

Algunos ejemplos de modificaciones razonables incluyen:

• intérpretes de lenguaje de señas de forma presencial
• intérpretes de lenguaje de señas a distancia (VRI, por sus siglas en inglés)
• equipos de asistencia tecnológica como, por ejemplo, equipos de amplificación de sonido personales y equipos de amplificación de sonido a distancia

La persona puede completar el formulario Solicitud de Servicios de Intérprete, Acomodos Razonables y Grabación en Video (OAT 1948). Este formulario está disponible en los tribunales y las dependencias judiciales, y en la página de Formularios, bajo el subtema Intérpretes de señas y otros acomodos razonables. También, se puede hacer la solicitud de servicios verbalmente durante una vista judicial, en aquellos casos de órdenes de protección o asuntos municipales urgentes, tan pronto se identifique la necesidad.

En la solicitud, la persona solicitante o su representante autorizado(a) debe especificar el servicio o equipo que mejor atienda su necesidad. Asimismo, debe notificar cualquier cambio en la información incluida en la solicitud. De ser necesario, el personal designado pudiera comunicarse con la persona solicitante o su representante, para recibir información adicional o que clarifique algún dato incluido en la solicitud. De igual forma, pudiera consultarle sobre acomodos o modificaciones alternas que sean igual de efectivas.

Para más información sobre cómo completar el formulario Solicitud de Servicios de Intérprete, Acomodos Razonables y Grabación en Video (OAT 1948), le invitamos a ver el siguiente video.

No. La solicitud no conlleva gasto alguno. De igual forma, de autorizarse el acomodo razonable, este se ofrece libre de costo a la persona solicitante. Es importante destacar que los gastos relacionados a los servicios de intérprete de idioma o señas para víctimas o personas testigos en casos criminales serán coordinados y costeados por el Departamento de Justicia del Poder Ejecutivo.

No. El hecho de que el formulario no esté completado en su totalidad no es razón suficiente para denegar una solicitud de servicios o de acomodo razonable. En estos casos, el personal del Poder Judicial se comunicará con la persona solicitante o persona contacto para que suplan la información necesaria para evaluar la solicitud. Incluso, parte del acomodo razonable puede ser el que se le ayude a cumplimentar el formulario de solicitud, siempre y cuando la persona solicitante cualifique según la ley para recibir este tipo de ayuda.

Según la Ley Pública 101-336 de 1990, según enmendada, conocida como American with Disabilities Act (Ley ADA) y la Ley Núm. 51 del 29 de mayo de 1970, un(a) juez(a) o el personal designado puede denegar una solicitud de servicios o acomodo razonable por las siguientes razones:

• la persona solicitante no es una persona cualificada con una discapacidad, según definido en la ley
• el acomodo solicitado altera la naturaleza del programa, servicio o actividad
• el acomodo solicitado crea una carga financiera o administrativa indebida
• la solicitud representa una amenaza a la salud y seguridad del personal y público en las dependencias judiciales
• la persona solicitante rechaza la modificación o el acomodo razonable alterno ofrecido, aunque sea considerado igual de efectivo

Es importante aclarar que se le dará consideración primaria al tipo de acomodo razonable que se solicite. Sin embargo, el Poder Judicial podrá ofrecer un acomodo razonable alterno, siempre que sea igualmente efectivo.

Sí. La Ley Pública 101-336 de 1990, según enmendada, conocida como American with Disabilities Act (Ley ADA) y la Ley Núm. 51 del 29 de mayo de 1970, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Animales para Personas con Impedimentos”, autorizan a que las personas con diversidad funcional que necesiten animales de servicio puedan estar acompañadas por ellos en todas las áreas de nuestros tribunales donde están permitido el público, participantes de programas, acompañantes o visitantes.

Cuando una persona acompañada por su animal de servicio llega a cualquier tribunal o dependencia del Poder Judicial, el personal de seguridad contratado, el (la) guardián o alguacil(a) identificará la razón de la visita y cumplirá el protocolo de seguridad. Si el personal no está seguro si el animal es de servicio, puede hacer dos preguntas:

1. ¿El perro es un animal de servicio requerido debido a una discapacidad?
2. ¿Para qué trabajo o tarea ha sido entrenado el perro?

No se puede solicitar documentación sobre un animal de servicio, exigirle que el animal le demuestre su tarea o habilidad, ni preguntar sobre la naturaleza de la diversidad de la persona. Se debe destacar que la Ley ADA no requiere que los animales de servicio usen un chaleco, tengan alguna placa de identificación o arnés específico.

La persona dueña y encargada del animal de servicio es responsable por cualquier situación que surja con este incluyendo, pero sin limitarse a, que el animal no esté entrenado para hacer sus necesidades fisiológicas o si está fuera de control y la persona dueña no puede controlarlo. De surgir alguna situación que ponga en riesgo la salud o seguridad de las personas que visitan el tribunal o la dependencia, el personal del Poder Judicial le podrá solicitar que retire al animal de la dependencia y ofrecer alternativas para que pueda regresar a recibir los servicios solicitados.

El personal del Poder Judicial no es responsable por el animal de servicio. De confrontar alguna situación en particular, la persona visitante puede solicitar hablar con un(a) alguacil(a) o personal de supervisión.

Los y las intérpretes de idiomas se pueden solicitar y utilizar en cualquier asunto judicial o administrativo en que un(a) juez(a) o director(a) ejecutivo(a) lo entienda necesario y así lo autorice. Asimismo, se pueden solicitar y utilizar en los procedimientos que se llevan a cabo en los tribunales para los siguientes casos:

Casos criminales, por:

• personas imputadas o acusadas, independientemente de su condición económica y la etapa del proceso criminal en que se encuentre
• personas testigos de la persona imputada o acusada considerada indigente, conforme a los criterios establecidos en el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico

Casos de menores, por:

• persona menor de edad imputada, según la Ley Núm. 88 del 9 de julio de 1986, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Menores de Puerto Rico”
• partes en un caso al amparo de la Ley Núm. 57-2023, conocida como la “Ley para la prevención del maltrato, preservación de la unidad familiar y para la seguridad, bienestar y protección de menores”, sea la persona menor de edad o la parte promovida (contra quien se solicita una orden de protección a favor de la persona menor de edad)

Casos civiles, por:

• partes en casos de órdenes de protección por violencia doméstica, violencia sexual, acecho, maltrato o negligencia de menores y remoción de menores, entre otros
• partes en los casos que estén implicadas las necesidades fundamentales del ser humano según los criterios establecidos en el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico y la normativa relacionada aprobada por la Oficina de Administración de Tribunales, tales como asuntos sobre vivienda, sustento, salud, seguridad y los derechos de los padres y las madres sobre sus hijos e hijas menores de edad, entre otros

La diferencia principal es el alcance de la asistencia que pueden brindar. Una persona facilitadora es un empleado o una empleada del Poder Judicial que tiene la capacitación o el dominio en otro idioma y puede brindar orientación general en asuntos administrativos a las personas que no dominen el idioma español. Sin embargo, no podrán servir o juramentar como intérpretes para la celebración de procesos judiciales.

Para el servicio de intérpretes de idioma, el Poder Judicial cuenta con un Registro de Intérpretes de Idiomas.

A manera de excepción, un juez o una jueza podrá juramentar como intérprete a alguna persona que se encuentre presente durante la vista cuando concurran las siguientes condiciones:

• cuando se trate de un caso en un turno o en una situación de emergencia
• que la persona demuestre ser diestra en los dos idiomas necesarios para que funja como intérprete
• que la persona no tenga interés en el caso
• que no esté disponible ninguna de las personas contempladas en el Registro de Intérprete de Idiomas

Asimismo, cuando la persona solicite utilizar su propio intérprete y esté disponible para hacer la interpretación, el Juez o la Jueza podrá autorizarlo si las circunstancias del caso así lo ameritan. De ser autorizado, la parte que interese utilizar su propio intérprete asumirá los costos correspondientes.

Toda persona que interese formar parte del Registro de Intérpretes de Idiomas tendrá que:

• ser mayor de 21 años
• completar la Solicitud para Ingresar al Registro de Intérpretes de Idiomas (OAT 1393)
• presentar los documentos que correspondan:
• certificación de haber aprobado cursos formales de interpretación en universidades o centros especializados reconocidos
• certificación de haber aprobado el Federal Court lnterpreter Certification Examination
• prueba fehaciente o certificación de que se dedican a la interpretación a pesar de no contar con estudios formales en el área
• prueba fehaciente o certificación bajo juramento de que, por su dominio del idioma español o de otros idiomas, podría servir como intérprete a pesar de no contar con educación formal en el área de la interpretación ni dedicarse a prestar tal servicio

La solicitud y los documentos requeridos deben ser enviados por correo postal a:

Oficina de Administración de los Tribunales
Oficina de los(as) Directores(as) Ejecutivos(as)
PO Box 190917, San Juan, PR 00919-0917

Los documentos también pueden entregarse personalmente en la Oficina del (de la) Director(a) Ejecutivo(a) de cada región judicial o en la Oficina de Administración de los Tribunales, ubicada en la Ave. Muñoz Rivera #268 en Hato Rey.

La solicitud de un o una intérprete para formar parte del Registro de Intérpretes de Idiomas no implica necesariamente su inclusión a dicho registro. De igual forma, la inclusión de una persona en el registro no implicará su aceptación automática por el juez o la jueza en los procedimientos ante el Tribunal.

La diferencia principal es el alcance de la asistencia que pueden brindar. Una persona facilitadora es un empleado o una empleada del Poder Judicial que tiene la capacitación o el dominio en lenguaje de señas o labio lectura y puede brindar orientación general en asuntos administrativos a las personas sordas o que padezcan de una condición que les impida comunicarse efectivamente. Sin embargo, no podrán servir o juramentar como intérpretes para la celebración de procesos judiciales.

Para el servicio de intérpretes de lenguaje de señas o labio lectura, se utiliza una compañía contratada por el Poder Judicial. Por otro lado, cuando la persona solicite utilizar su propio intérprete y esté disponible para hacer la interpretación, el juez o la jueza podrá autorizarlo si las circunstancias del caso así lo ameritan. De ser autorizado, la parte que interese utilizar su propio intérprete asumirá los costos correspondientes.

Una vez se autorice la modificación razonable, el Tribunal, a su discreción y a solicitud de parte, tomará las medidas necesarias para que las vistas y demás procesos judiciales se conserven mediante grabación. Estas grabaciones se realizan para garantizar la preservación e integridad visual del proceso en que se haya utilizado modificación razonable autorizada por el Tribunal. Estas grabaciones forman parte del expediente judicial del caso.

Las personas con pérdida de audición experimentan dificultad para comprender el habla, particularmente cuando la persona que habla está lejos, cuando está en un área con pobre acústica o en un lugar en el que haya mucho ruido. En estas situaciones, se puede utilizar equipos de asistencia tecnológica que pueden amplificar el volumen de las voces y mejorar la calidad del sonido que se quiere escuchar, tales como los sistemas de amplificación de sonido. Cualquier persona con pérdida de audición puede beneficiarse de estos o de otros sistemas similares.

Cada región judicial cuenta con dos tipos de equipos de amplificación de sonido: un amplificador de sonido personal y un amplificador de sonido de frecuencia modulada (FM).

Estos sistemas se utilizan en beneficio de las personas con pérdida de audición, quienes experimentan dificultad para comprender el habla, particularmente cuando la persona que habla está lejos, cuando está en un área con pobre acústica o en un lugar en el que haya mucho ruido. En estas situaciones, se puede utilizar sistemas de amplificación de sonido para amplificar el volumen de las voces y mejorar la calidad del sonido que se quiere escuchar.